Doing Business Chile 2026

LIBERTADDEFORMA

La forma societaria no es un trámite

Define quién controla la sociedad, hasta dónde responden los socios con su patrimonio, cómo se administra, cómo se reparten las utilidades y con qué facilidad podrás transferir, financiar o reorganizar la inversión.

El ordenamiento chileno reconoce una pluralidad de vehículos, la mayoría familiares para el inversionista internacional, y consagra como regla general la libertad de forma. Salvo las excepciones que se detallan, no existe obligación de adoptar un tipo predeterminado, y la decisión se orienta por el giro, el número de partícipes, el capital comprometido y el modelo de administración.

Libertad de forma y sus excepciones Chile reconoce amplia libertad para desarrollar actividades económicas y permite que inversionistas extranjeros participen en el capital de sociedades chilenas. Un extranjero puede ser titular de la totalidad del capital de una compañía local sin que, por regla general, se le exija un socio chileno ni autorizaciones especiales por su sola condición de extranjero.

Esta regla opera sin perjuicio de restricciones sectoriales o limitaciones asociadas a actividades estratégicas, recursos naturales, transporte, pesca, medios de comunicación, cabotaje marítimo o adquisición de ciertos inmuebles en zonas fronterizas. Allí el análisis depende también del giro, la ubicación de los activos y la nacionalidad del inversionista.

VÍAS DE CONSTITUCIÓN

Régimen general y simplificado

Admite, entre otros tipos, a la SpA, la SRL, la EIRL y la S.A. cerrada, y reduce los tiempos de constitución de semanas a horas.

Recomendable para empresas sin necesidades de mayor financiamiento o con estructura societaria simple. Para pluralidad de socios, pactos o gobierno a la medida, la escritura pública da mayor certeza jurídica.

SOCIEDAD POR ACCIONES

SpA: el vehículo estándar de la inversión

La SpA es un vehículo de capital, muy frecuente para canalizar inversiones en Chile, que combina la flexibilidad de una sociedad de capital con formalidades sensiblemente inferiores a las de la sociedad anónima. Se regula en los artículos 424 y siguientes del Código de Comercio y, en lo no previsto por sus estatutos ni por esas disposiciones, supletoriamente por las normas de la S.A. cerrada.

Sus rasgos principales son los siguientes.

Puede constituirse por escritura pública o por instrumento privado con firmas autorizadas y protocolizadas ante notario, inscribiendo y publicando el extracto dentro de sesenta días, o acogerse al régimen simplificado de la Ley N° 20.659. Sus rasgos principales:

La constituyen uno o más accionistas, personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, con responsabilidad limitada al monto de sus aportes.

El capital se divide en acciones y la ley no exige monto mínimo. Salvo plazo estatutario distinto, el capital suscrito debe enterarse dentro de cinco años desde la constitución, bajo sanción de reducirse de pleno derecho al monto efectivamente pagado.

Su mayor particularidad es la amplia libertad estatutaria, que permite regular casi todo el funcionamiento social, desde la administración (uno o más administradores, un tercero o un directorio) y los derechos de voto hasta las series de acciones con derechos diferenciados, los dividendos y los mecanismos de ingreso y salida de accionistas.

A diferencia de la sociedad anónima, no se disuelve por reunirse todas las acciones en un único titular, salvo disposición estatutaria — idónea tanto para el emprendedor individual como para la filial íntegramente controlada por una matriz extranjera.

SOCIEDAD ANÓNIMA

S.A.: tradición y formalidad

La sociedad anónima es la estructura de mayor tradición y formalidad del derecho chileno: una persona jurídica formada por un fondo común suministrado por accionistas responsables solo por sus aportes, administrada por un directorio de miembros esencialmente revocables. Se rige por la Ley N° 18.046 y su reglamento.

Se rige por la Ley N° 18.046 sobre sociedades anónimas y su reglamento.

Se constituye por escritura pública, cuyo extracto debe inscribirse en el Registro de Comercio y publicarse en el Diario Oficial dentro de sesenta días. La cerrada puede acogerse al régimen simplificado de la Ley N° 20.659; las especiales quedan sujetas a la autorización de existencia del regulador. El capital debe quedar íntegramente suscrito y pagado dentro de tres años desde la constitución, entendiéndose reducido de pleno derecho al monto pagado si no se entera en ese término. Requiere un mínimo de dos accionistas y se disuelve de pleno derecho si la totalidad de las acciones se reúne en una sola persona por un período ininterrumpido que exceda de diez días, salvo las hipótesis exceptuadas por la ley.

S.A. cerrada Sociedad anónima cerrada. No hace oferta pública de sus valores. Directorio de mínimo tres miembros, acciones que no se transan en bolsa y, por regla general, sin fiscalización ni información permanente ante la CMF. Es la alternativa habitual para proyectos con varios accionistas que no abren su capital al mercado de valores y que buscan la protección de exigencias legales formales.

S.A. abierta Sociedad anónima abierta. Hace oferta pública de sus valores o cumple los demás supuestos que la ley y la CMF establecen. Directorio de mínimo cinco miembros, inscripción de sus acciones en el Registro de Valores de la CMF y fiscalización permanente, con obligaciones de información, transparencia y gobierno corporativo. Salvo acuerdo unánime en contrario, debe distribuir anualmente como dividendo al menos el treinta por ciento de las utilidades líquidas del ejercicio.

S.A. especiales Bancos, compañías de seguros, administradoras de fondos y demás entidades con estatuto legal propio. Su constitución requiere autorización de existencia del regulador y quedan bajo supervisión permanente de la CMF u otro organismo competente.

SRL Y EIRL

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Se constituye por escritura pública, con inscripción del extracto en el Registro de Comercio y publicación en el Diario Oficial dentro de sesenta días, o por la vía simplificada de la Ley N° 20.659. Su razón social debe concluir con la palabra “Limitada”; omitir ese vocablo hace solidariamente responsables a los socios por las obligaciones sociales.

Su lógica es más personalista y cerrada que la de la SpA. Toda modificación del estatuto exige, por regla general, acuerdo unánime de los socios — unanimidad que suele requerirse también para ceder derechos sociales, incorporar o retirar socios y aumentar el capital. Esa rigidez la ha desplazado frente a la SpA, aunque conserva utilidad para una sociedad cerrada y estable, con pocos socios que valoran el control conjunto.

AGENCIA DE SOCIEDAD EXTRANJERA

Operar sin filial: la agencia o sucursal

La agencia o sucursal permite a una sociedad extranjera operar en Chile sin crear una entidad con personalidad jurídica propia. No es una persona jurídica independiente, sino una extensión de la casa matriz en el territorio nacional. Se regula en los artículos 447 y siguientes del Código de Comercio y en la Ley N° 18.046. Para su establecimiento, la ley contempla, en términos generales, los siguientes pasos:

1 Protocolizar ante notario los antecedentes que acreditan la constitución y vigencia de la matriz, copia autorizada de sus estatutos y el poder general del agente, legalizados o apostillados y traducidos al español cuando corresponda.

2 Otorgar escritura pública en que el agente declara, entre otras menciones, que la matriz conoce y somete a la legislación chilena sus bienes situados en Chile, que la agencia mantendrá bienes de fácil realización suficientes para responder de sus obligaciones, y que asume la representación con amplias facultades.

3 Inscribir el extracto en el Registro de Comercio y publicarlo en el Diario Oficial dentro de sesenta días. Con posterioridad, la agencia queda obligada a publicar anualmente su balance en el Diario Oficial.

Su consecuencia más relevante está en el riesgo: la matriz extranjera responde de manera plena e ilimitada, con todo su patrimonio, por las obligaciones contraídas a través de la agencia en Chile. Permite operar sin sociedad local, pero no aísla a la matriz.

TA B L A C O M PA R AT I VA

Los vehículos, lado a lado

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VISIÓN GENERAL

Un marco abierto, sin autorización previa

Chile mantiene uno de los marcos más abiertos de la región para la inversión extranjera, sin autorización previa de carácter general y con plena libertad para que un inversionista foráneo sea dueño del cien por ciento de una sociedad chilena. La pregunta relevante no es si puedes invertir, sino bajo qué estatuto conviene canalizar el capital para asegurar acceso al mercado cambiario formal, repatriación de utilidades y protección frente a riesgos regulatorios.

Principio de no discriminación La legislación permite invertir en prácticamente todos los sectores sin restringir la propiedad extranjera total. Esta apertura se complementa con el principio de no discriminación arbitraria de raíz constitucional, conforme al cual el inversionista extranjero recibe un trato equivalente al nacional.

Subsisten, con todo, limitaciones sectoriales acotadas —cabotaje marítimo, medios de comunicación, pesca, zonas fronterizas y actividades estratégicas reservadas al Estado como energía nuclear e hidrocarburos— cuyo detalle, incluyendo los tipos societarios exigidos en cada caso, se desarrolla en el capítulo Estructuras jurídicas de empresas de este informe.

E S TAT U TO L E Y N ° 2 0 . 8 4 8

El Estatuto de la Inversión Extranjera Directa

El Estatuto de la Inversión Extranjera Directa, contenido en la Ley N° 20.848, es un marco electivo de protección de la inversión extranjera directa elegible; reemplazó al antiguo Decreto Ley N° 600 de 1974. Fue publicada el 25 de junio de 2015, y la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera que la administra inició sus actividades el 21 de enero de 2016. Su aplicación es voluntaria: el inversionista puede acogerse para obtener el certificado y los derechos asociados, o canalizar su capital por la vía cambiaria general.

Procedimiento y certificado de inversionista El inversionista que desee acogerse debe solicitar el certificado del artículo 4 de la Ley N° 20.848 a la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera. La solicitud debe acreditar la materialización de la inversión y sus antecedentes. La Agencia emite el certificado dentro de quince días desde la recepción; vencido ese plazo sin pronunciamiento, rigen las reglas de la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

DERECHOSDELINVERSIONISTA

Derechos que dan estabilidad a la operación

El estatuto reconoce, en los artículos 5, 6, 8 y 9 de la Ley N° 20.848, derechos que dan estabilidad a la operación.

Remesar al exterior el capital transferido y las utilidades líquidas, cumplidas las obligaciones tributarias en Chile.

Acceder al mercado cambiario formal para liquidar las divisas de la inversión y obtener las de la remesa, a un tipo de cambio libremente acordado.

Exención de Impuesto al Valor Agregado en la importación de bienes de capital, según los requisitos legales.

Trato sujeto al régimen común de los inversionistas nacionales, sin discriminación arbitraria. En caso de existir reclamos, estos deben canalizarse ante los tribunales locales.

Los artículos 10 a 14 de la Ley N° 20.848 regulan la estrategia de fomento de la inversión extranjera y el Comité de Ministros que asesora al Presidente de la República. En todo caso, todo proyecto debe cumplir la normativa general y sectorial, por lo que puede requerir permisos adicionales a los del estatuto.

CAPÍTULO XIV

El mecanismo alternativo del Banco Central

Una inversión extranjera puede registrarse al amparo del Capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central, como alternativa al estatuto de la Ley N° 20.848. Estas normas regulan créditos, depósitos, inversiones y aportes de capital del exterior, y no se aplican a operaciones de hasta USD 10.000 o su equivalente. La operación debe canalizarse por el mercado cambiario formal e informarse al Banco Central mediante los formularios de registro correspondientes.

El estatuto, en cambio, garantiza el acceso al mercado cambiario formal para remesar capital y utilidades y la posibilidad de solicitar la exención de IVA.

COMPARACIÓNDEVÍAS

Las vías de ingreso de capital, lado a lado

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T R ATA D O S D E P R OT E C C I Ó N

Tratados de protección de inversiones y tratados de libre comercio

La cobertura depende del tratado aplicable, de la nacionalidad o estructura del inversionista, del activo protegido y de las reservas pactadas por Chile. Antes de estructurar una inversión relevante conviene revisar si existe un acuerdo vigente con la jurisdicción desde la cual se canalizará el capital y si contiene reglas sustantivas de protección o acceso a arbitraje internacional. Los acuerdos vigentes pueden consultarse en el sitio de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI).

MAPAEJECUTIVO

Qué te protege y qué no

Las garantías económicas de la Constitución de 1980 —cuya vigencia fue confirmada tras el rechazo de las propuestas de reforma de 2022 y 2023— operan como el marco base de protección de toda inversión en Chile.

Garantía Qué significa para tu empresa Límite o riesgo real

Igualdad tributaria Los tributos deben ser proporcionales. Permite No impide tributos sectoriales diferenciados si Art. 19 N° 20 impugnar gravámenes sectoriales manifiestamente tienen base legal y son razonablemente arbitrarios o desproporcionados. proporcionales.

Propiedad intelectual e Marcas, patentes y activos intangibles tienen La protección efectiva depende del registro preindustrial amparo constitucional autónomo, además de la Ley vio; los derechos no inscritos son más difíciles de Art. 19 N° 25 de Propiedad Industrial. defender.

E X P R O P I A C I Ó N R E G U L ATO R I A

El riesgo real: expropiación regulatoria, no formal

La expropiación directa —decreto, toma de activos, indemnización— es el riesgo que los inversionistas temen y el que menos ocurre en Chile. El riesgo operativo real es la expropiación regulatoria o indirecta, esto es, un cambio normativo que vacía de valor tu concesión, tu licencia o tu modelo de negocio sin transferirte formalmente la propiedad.

La garantía constitucional no basta La garantía constitucional chilena no cubre automáticamente la expropiación indirecta. El amparo del artículo 19 N° 24 opera frente a la privación formal de la propiedad, no frente al cambio de reglas que erosiona el valor del negocio.

Los tratados agregan la capa que falta Un tratado bilateral de inversión (TBI) o capítulo de inversiones de un TLC puede dar cobertura adicional mediante estándares de trato justo y equitativo. Ver capítulo Inversión extranjera.

La jurisdicción de entrada define el acceso La elección de la jurisdicción desde la cual se estructura la inversión puede ser determinante para acceder a esa protección arbitral. Una holding intermedia en un país con TBI vigente con Chile marca la diferencia.

VÍAS DE RECLAMO

Cómo reclamar: las tres vías

Frente a un acto del Estado que afecta la inversión, el ordenamiento chileno ofrece tres caminos, con plazos y alcances muy distintos.

Vía Cuándo usarla Plazo clave Limitación práctica

Recurso de protección Acto ilegal o arbitrario que ame- 30 días corridos Alta tasa de inadmisibilidad si existe Art. 20 Constitución naza un derecho constitucional desde el acto o desde otra vía idónea; no resuelve disputas económico; reacción de que se tuvo de fondo. emergencia. conocimiento.

INSTITUCIONES

Instituciones que reducen el riesgo soberano

Tres organismos independientes acotan el comportamiento arbitrario del Estado y dan certeza operativa.

Poder Judicial Cortes de Apelaciones y Corte Suprema con garantías de independencia. El Tribunal Constitucional puede declarar inaplicable una norma en un caso concreto. El sistema es predecible aunque no siempre rápido; define en tus contratos los mecanismos de resolución de conflictos y evalúa el arbitraje.

Contraloría General de la República Controla la legalidad de los actos administrativos antes de que produzcan efectos (toma de razón). Reduce la arbitrariedad del ejecutivo y da certeza sobre la validez de los actos que autorizan tu operación.

Banco Central autónomo Prohíbe constitucionalmente financiar el gasto público emitiendo dinero. Ancla la estabilidad monetaria y el acceso al mercado cambiario formal. Ver capítulo Inversión extranjera para las reglas de acceso cambiario.

LECTURA DE NEGOCIO

La pregunta correcta no es «¿puede el Estado expropiarme?», sino «¿qué hago si cambian las

reglas de mi sector?».

Enfoque OGC. La pregunta correcta no es «¿puede el Estado expropiarme?», sino «¿qué hago si cambian las reglas de mi sector?». El recurso de protección tiene 30 días -un plazo que se agota antes de que el directorio se reúnay los tribunales ordinarios no son rápidos. La protección real viene de tres decisiones que se toman antes de invertir. Estructurar desde una jurisdicción con TBI vigente con Chile, documentar el valor de los activos desde el día uno y negociar cláusulas de estabilización en contratos con el Estado cuando sea posible. La garantía constitucional es el piso, no el techo de tu protección.

1 Estructurar desde una jurisdicción con TBI vigente con Chile.

2 Documentar el valor de los activos desde el día uno.

3 Negociar cláusulas de estabilización en contratos con el Estado cuando sea posible.

I M P U E S TO A L A R E N TA

La arquitectura del sistema Estructura general y concepto de renta

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I M P U E S TO A L A R E N TA

Regímenes del impuesto a la renta

Integración del Régimen Norma Tasa IDPC Base imponible crédito

Pro Pyme general Art. 14 D N° 3, 25% permanente; 12,5% para los años comer- 100% (sin Flujo de caja LIR (DL 824) ciales 2025, 2026 y 2027, y 15% para el año restitución) simplificado comercial 2028

Pro Pyme Art. 14 D N° 8, Exento a nivel empresa Atribución Flujo de caja, tributa el transparente LIR (DL 824) directa al dueño dueño

Renta presunta Art. 34, LIR IDPC sobre base presunta, según la actividad Según actividad Presunta (porcentaje de (DL 824) un valor de referencia)

I M P U E S TO A L A R E N TA

Primera Categoría y Global Complementario

Impuesto de Primera Categoría El IDPC grava las rentas del capital, según la clasificación del artículo 20 de la LIR. Es un impuesto de tasa proporcional, de declaración y pago anual. Quedan afectas las rentas del comercio, la industria, la minería, la explotación de bienes raíces, las rentas de capitales mobiliarios y, en general, toda renta cuya tributación no esté prevista en otra categoría ni exenta.

I M P U E S TO A L A R E N TA

Rentas del trabajo e Impuesto Adicional Impuesto Único de Segunda Categoría

CARGATRIBUTARIA

Integración: 35% con convenio, 44,45% sin convenio

El sistema integra el impuesto de la empresa con el del dueño. La empresa paga IDPC; al distribuir la utilidad, el dueño paga el impuesto final e imputa como crédito el IDPC ya pagado. La pregunta determinante es qué porcentaje de ese crédito puede imputar, lo que en el régimen general parcialmente integrado depende de la residencia del dueño. Si reside en un país con convenio vigente, imputa el 100% del IDPC y la carga combinada se mantiene en 35%. Si reside en un país sin convenio, imputa solo el 65%, debe restituir el 35% restante, y la carga combinada sube a 44,45%. Esta misma restitución afecta a los accionistas personas naturales residentes en Chile. La tabla muestra la mecánica sobre una utilidad de 100 en el régimen parcialmente integrado.

Concepto Con convenio Sin convenio

Renta líquida imponible 100 100

IDPC (27%) pagado por la empresa 27 27

Utilidad distribuida al accionista del exterior 73 73

Base imponible incrementada del Impuesto Adicional 100 100

Impuesto Adicional (35%) 35 35

17,55 (65% del IDPC, descontada la Crédito por IDPC (neto de restitución) 27 (100% imputable) restitución)

Impuesto Adicional a pagar (35 menos crédito neto) 8 17,45

Carga tributaria total 35% 44,45%

Remesa neta recibida por el inversionista 65 55,55

En el régimen Pro Pyme el crédito se imputa por completo, sin restitución, de modo que la carga combinada del dueño no llega a 44,45% aunque resida en un país sin convenio. Esto hace al Pro Pyme atractivo no solo por su menor tasa de IDPC, sino por su integración plena.

IVA

Impuesto al Valor Agregado

El IVA chileno se rige por el principio de destino. Grava las importaciones, pero no las exportaciones; aunque la exportación está exenta, el exportador puede recuperar el crédito fiscal soportado en compras y servicios destinados a su actividad exportadora, incluso por la vía de la devolución en dinero. Existe también un mecanismo de recuperación del IVA soportado en la adquisición de activo fijo, orientado a no penalizar la inversión.

Servicios digitales del exterior La Ley 21.210 incorporó el IVA a los servicios digitales prestados desde el exterior. El prestador extranjero que provee servicios remotos para ser usados en Chile por consumidores no contribuyentes de IVA debe recargar y enterar el impuesto, tratándose de servicios como entretenimiento digital, software, almacenamiento, plataformas, infraestructura informática y publicidad. Si el usuario en Chile es contribuyente de IVA, la obligación de declarar y pagar se traslada a ese usuario.

REMESAS AL EXTERIOR

Tributación de la inversión extranjera y remesas

El no residente tributa solo sobre su renta de fuente chilena. Las remesas que la empresa o filial chilena envía a sus dueños del exterior quedan, según su naturaleza, afectas a Impuesto Adicional con tasas que la ley diferencia y que los convenios pueden reducir.

Distribuciones de utilidades. Quedan afectas a Impuesto Adicional de 35%, con derecho a imputar el IDPC según las reglas de integración ya descritas. Producen la carga de 35% con convenio o 44,45% sin convenio.

Venta indirecta. Las ganancias de capital de un no residente en la enajenación de acciones o derechos de sociedades constituidas en el exterior quedan gravadas con Impuesto Adicional de 35% cuando esas sociedades tienen un activo subyacente situado en Chile y se cumplen los requisitos de la ley, con independencia del domicilio del comprador. Evita que la venta de una sociedad extranjera deje fuera de tributación el activo chileno subyacente.

REGÍMENES PYME

Regímenes y beneficios para Pymes

La Ley sobre Impuesto a la Renta ofrece regímenes orientados a las pequeñas y medianas empresas, introducidos por la Ley 21.210 de 2020. Para calificar como Pyme, los ingresos brutos no deben exceder un promedio de 75.000 UF en los últimos tres ejercicios, considerando los de partes relacionadas, con un máximo de 85.000 UF en un año individual; el capital efectivo al inicio de actividades no debe exceder 85.000 UF; y al menos el 65% de los ingresos debe provenir de actividades no pasivas.

Pro Pyme transparente (art. 14 D N° 8). Disponible para la Pyme cuyos dueños son contribuyentes de impuestos finales, previo aviso antes del cierre del cuarto mes del ejercicio. Queda exenta de IDPC, y los dueños tributan sobre base atribuida por la renta que la empresa genera, con independencia de los retiros; no aplica el impuesto sanción sobre gastos rechazados. Para estructuras con inversionistas extranjeros, exige verificar que los propietarios califiquen como contribuyentes de Impuesto Global Complementario o de Impuesto Adicional.

Otros beneficios. El incentivo al ahorro del artículo 14 E de la LIR, que permite deducir una parte de la renta líquida imponible reinvertida, con tope legal; la depreciación instantánea o acelerada bajo ciertos regímenes; y el crédito por inversiones en activo fijo del artículo 33 bis de la LIR, que se imputa contra el IDPC, con tope anual de 500 UTM. Su procedencia depende del régimen, del nivel de ingresos y del tipo de activo o inversión.

PRECIOS DE TRANSFERENCIA

Precios de transferencia y normas anti-elusión

Precios de transferencia Las operaciones transfronterizas entre un contribuyente chileno y partes relacionadas del exterior deben pactarse a valores de mercado. El artículo 41 E de la LIR faculta al SII para impugnar los precios, valores o rentabilidades cuando no reflejan condiciones de mercado entre partes independientes, e impone una declaración jurada anual de precios de transferencia que se presenta cada junio. Cuando el SII identifica una discrepancia con el valor normal de mercado, el ajuste queda afecto al impuesto único del inciso primero del artículo 21 de la LIR, actualmente de tasa 40%, al que puede sumarse una multa de 5% de la diferencia conforme al artículo 41 E, salvo que el contribuyente haya entregado oportunamente la información requerida.

LEY 21.713

La reforma de cumplimiento tributario

MARCONORMATIVO

Marco normativo y principios

Las relaciones laborales del sector privado se rigen por el Código del Trabajo (texto refundido fijado por el DFL N° 1 de 2002 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social). El derecho al trabajo y a un ambiente no discriminatorio tiene rango constitucional en el artículo 19 N° 16 de la Constitución, y el artículo 2 del Código del Trabajo prohíbe la discriminación por raza, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión y nacionalidad, entre otras.

La fiscalización e interpretación administrativa corresponde a la Dirección del Trabajo, vía las Inspecciones del Trabajo, cuyos dictámenes fijan criterio vinculante para el empleador, aunque no para los tribunales. Las controversias se resuelven ante los Juzgados de Letras del Trabajo, con impugnación mediante el recurso de nulidad y, excepcionalmente, la unificación de jurisprudencia ante la Corte Suprema.

El principio que ordena la materia es el de primacía de la realidad. Lo que define una relación laboral no es el nombre del contrato, sino la concurrencia efectiva de subordinación y dependencia. El artículo 7 del Código del Trabajo define el contrato individual como aquel por el cual el trabajador presta servicios personales bajo dirección y dependencia del empleador a cambio de una remuneración. Cuando un prestador «a honorarios» cumple horario, recibe instrucciones y depende económicamente de la empresa, los tribunales tienden a reconocer un vínculo laboral con todas sus consecuencias, cualquiera sea la boleta.

C O N T R ATO D E T R A B A J O

El contrato de trabajo

Conforme al artículo 10 del Código del Trabajo, el contrato debe contener, a lo menos, las siguientes estipulaciones.

· Lugar y fecha del contrato

· Individualización de las partes, con indicación de la nacionalidad, el domicilio y la dirección de correo electrónico de ambas, si la tuvieren, y las fechas de nacimiento e ingreso del trabajador.

· Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse, pudiendo el contrato señalar dos o más funciones específicas, sean alternativas o complementarias.

· Monto, forma y período de pago de la remuneración acordada.

· Duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo que en la empresa exista el sistema de trabajo por turno, caso en el cual se estará a lo dispuesto en el reglamento interno.

· Demás pactos que acuerden las partes.

Deben señalarse también, cuando corresponda, los beneficios adicionales que suministre el empleador en forma de casa habitación, luz, combustible, alimento u otras prestaciones en especie o servicios.

C O N T R ATO D E T R A B A J O

Modalidades de contratación

JORNADA DE TRABA JO

Jornada de trabajo

La jornada ordinaria está en reducción gradual por la Ley N°21.561, publicada el 26 de abril de 2023 (Ley de 40 horas). El tope vigente y su evolución son los siguientes.

44 h 42 h 40 h 44 horas semanales desde el 26 de 42 horas semanales desde el 26 de 40 horas semanales desde el 26 de abril de 2024. abril de 2026 (tope vigente a la abril de 2028. fecha de corte de este informe).

Horas extraordinarias La jornada extraordinaria tiene un máximo de dos horas diarias y un recargo de, a lo menos, 50% sobre el sueldo convenido. Solo puede pactarse para necesidades temporales de la empresa, por escrito y por una vigencia no superior a tres meses, renovable. La Ley de 40 horas permitió, además, compensar horas extraordinarias con días de descanso, hasta cinco al año.

REMUNERACIONES

Remuneraciones

El sueldo base no puede ser inferior al ingreso mínimo mensual por jornada ordinaria completa. La Ley N° 21.751, publicada el 28 de junio de 2025, fijó el valor vigente desde enero de 2026, y la Ley N° 21.830, publicada el 22 de junio de 2026, dispuso el reajuste que rige desde mayo de 2026.

$553.553 $412.938 Trabajadores mayores de 18 y hasta 65 años. $539.000 Menores de 18 años y mayores de 65 años. $402.082 brutos mensuales desde el 1 de enero de 2026 (Ley desde el 1 de enero de 2026 y $412.938 desde el 1 de N°21.751) y $553.553 desde el 1 de mayo de 2026 (Ley mayo de 2026. N°21.830).

Desde el 1 de enero de 2027, el ingreso mínimo se reajustará automáticamente conforme a la variación del IPC acumulada entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2026, por lo que conviene confirmar el valor vigente al fijar bandas salariales.

FERIADO Y PERMISOS

Feriado anual y permisos

El feriado anual es de 15 días hábiles (de lunes a viernes, excluyendo feriados) con remuneración íntegra, para el trabajador con más de un año de servicio, y de 20 días hábiles en las regiones de Magallanes y la Antártica Chilena, Aysén y la provincia de Palena. El exceso sobre diez días puede fraccionarse por acuerdo de las partes, y pueden acumularse hasta dos períodos consecutivos.

Feriado progresivo. Otorga un día adicional por cada tres nuevos años a quien acumula diez años de trabajo, con un límite de diez años imputables de empleadores anteriores.

El feriado colectivo permite cerrar el establecimiento haciéndolo coincidir con el feriado del personal.

La Ley N°21.645, de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, agregó un feriado preferente durante las vacaciones escolares para quienes tengan el cuidado personal de un niño menor de 14 años o de un adolescente menor de 18 con discapacidad o dependencia.

T É R M I N O D E L C O N T R ATO

Término de la relación laboral

El despido en Chile es siempre causado. No existe el despido libre, y la empresa debe invocar una causal legal expresa, incluso al desvincular a varios a la vez, pues la ley no contempla reglas especiales para el despido colectivo. Las causales están en los artículos 159, 160, 161 y 163 bis del Código del Trabajo, y la indemnización depende de cuál se invoque.

Artículo 159 · causales objetivas. Mutuo acuerdo, renuncia con aviso de 30 días, muerte del trabajador, vencimiento del plazo, conclusión de la obra o servicio, y caso fortuito o fuerza mayor. Ninguna da derecho a indemnización por años de servicio.

Artículo 160 · caducidad por hechos imputables al trabajador. Falta de probidad, acoso sexual, vías de hecho, injurias, inasistencia injustificada, abandono del trabajo, daño material intencional e incumplimiento grave del contrato. Tampoco da derecho a indemnización por años de servicio.

El finiquito y sus componentes Al término del contrato de trabajo deben pagarse los haberes adeudados en el finiquito, que incluye: Remuneraciones pendientes y feriado legal o proporcional. Se pagan siempre, cualquiera sea la causal invocada.

Indemnización sustitutiva del aviso previo. Procede solo bajo el artículo 161 cuando no se da el aviso de 30 días; equivale a la última remuneración mensual con tope de 90 UF.

Indemnización por años de servicio. También bajo el artículo 161; procede por cada año y fracción superior a seis meses prestados de forma continua al mismo empleador; equivale a un mes de remuneración por año, con los topes del artículo 172 del Código del Trabajo, esto es, un máximo de 11 años de servicio y una base limitada a 90 UF de remuneración mensual.

T É R M I N O D E L C O N T R ATO

Formalidades, Ley Bustos y recargos Formalidades del despido y Ley Bustos

Las cotizaciones previsionales deben estar al día al momento del despido. Si no lo están, opera la Ley Bustos, incorporada al artículo 162 del Código del Trabajo por la Ley N°19.631. El despido no pone término al contrato mientras no se enteren las cotizaciones adeudadas, de modo que el empleador sigue pagando las remuneraciones hasta la convalidación. El mismo artículo 162 contempla una excepción acotada cuando el monto adeudado no excede de la cantidad menor entre el 10% de la deuda previsional o 2 UTM y se paga dentro de 15 días hábiles desde la notificación de la demanda. El finiquito debe firmarse ante ministro de fe (notario) para ser oponible.

Recargos por despido injustificado Si el tribunal declara el despido injustificado, indebido o improcedente, la indemnización por años de servicio se incrementa con los siguientes recargos:

+30% +50% +80% invocación indebida de aplicación improcedente de por aplicación injustificada de las necesidades de la empresa (art. causales del artículo 159 causales del artículo 160; puede 161) llegar al 100% cuando el tribunal declara, además, que la causal invocada carece de motivo plausible.

El plazo para reclamar es de 60 días hábiles, que se extiende a 90 días con reclamo administrativo previo.

FUERO Y TUTELA

Fuero laboral y tutela de derechos fundamentales

Ciertos trabajadores gozan de fuero, que impide despedirlos sin autorización judicial previa (desafuero). Quedan protegidos los dirigentes sindicales, la mujer embarazada y posparto, los involucrados en una negociación colectiva y los integrantes del comité paritario de higiene y seguridad. En materia maternal, el artículo 201 del Código del Trabajo cubre desde el embarazo y, en general, hasta un año después de expirado el descanso de maternidad.

S U B C O N T R ATA C I Ó N

Subcontratación y suministro de personal

La subcontratación es aquella en que un contratista ejecuta obras o servicios de manera habitual, por su cuenta y riesgo y con trabajadores de su dependencia, para una empresa principal, en virtud de un acuerdo civil o comercial. Es lícita, pero la empresa principal no queda al margen de las obligaciones laborales y previsionales del contratista hacia sus trabajadores, incluidas las indemnizaciones de término.

La responsabilidad es solidaria por regla general, de modo que el trabajador puede perseguir el cobro a la empresa principal o al contratista por el total. Se atenúa a subsidiaria cuando la empresa principal ejerce los derechos de información y retención, esto es, exige al contratista acreditar el cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales y, ante el incumplimiento, retiene de los pagos lo necesario para cubrir las deudas; entonces solo responde en subsidio, agotada la persecución contra el contratista.

Suministro de personal El suministro de personal mediante empresas de servicios transitorios solo procede en los supuestos que la ley autoriza, por períodos limitados, y la empresa de servicios transitorios debe estar registrada ante la Dirección del Trabajo y constituir una garantía; fuera de esos supuestos, se considera a la usuaria como empleador directo.

RELACIONESCOLECTIVAS

Organizaciones sindicales y negociación colectiva

La constitución de un sindicato de empresa exige quórums mínimos según el tamaño y la existencia de otro sindicato vigente.

En empresas con más de 50 trabajadores se requiere un mínimo de 25 que representen al menos el 10% del total; sin sindicato vigente, puede constituirse con 8, pero debe completar el quórum ordinario en un año, bajo sanción de caducidad de la personalidad jurídica.

En empresas con 50 o menos trabajadores se requiere un mínimo de 8 que representen al menos el 50% del total.

LEY KARIN

Acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo

La empresa que recibe una denuncia debe adoptar medidas de resguardo inmediatas y conducir una investigación interna con imparcialidad y plazos definidos, o remitir los antecedentes a la Inspección del Trabajo, aplicando las sanciones que procedan. El trabajador víctima de acoso conserva el derecho al autodespido por incumplimiento grave del empleador, con las indemnizaciones que correspondan. El artículo 154 bis obliga al empleador a mantener reserva de la información personal del trabajador obtenida con ocasión del trabajo.

SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad social

Pensiones y la reforma de 2025 El sistema se construyó sobre la capitalización individual del DL N° 3.500 de 1980, administrada por las AFP. El trabajador cotiza un 10% de su remuneración imponible a su cuenta individual, más la comisión de la AFP. La edad legal de pensión por vejez es 65 años para hombres y 60 para mujeres, sin obligación de jubilarse.

También fortaleció la Pensión Garantizada Universal, beneficio no contributivo creado por la Ley N°21.419 de 2022, que entrega un piso de pensión financiado por el Estado a quienes cumplen los requisitos de edad y residencia.

COTIZACIONES 2026

Cotizaciones y topes imponibles 2026

Concepto Tasa de referencia A cargo de Tope imponible 2026

Pensión (cuenta individual) 10% Trabajador 90 UF

Salud (FONASA o ISAPRE) 7% Trabajador 90 UF

Cesantía, contrato indefinido 0,6% trabajador y 2,4% empleador Ambos 135,2 UF

Cesantía, contrato a plazo fijo 3% Empleador 135,2 UF

Invalidez y Sobrevivencia (SIS) A cargo del empleador Empleador 90 UF

Accidentes del trabajo (Ley 16.744) Básica más adicional según riesgo Empleador 90 UF

Reforma previsional / SIS (empleador) Gradual hasta 8,5% hacia 2033 Empleador 90 UF

Los topes imponibles los fija anualmente la Superintendencia de Pensiones. Para 2026, el de pensiones, salud y Ley N° 16.744 es de 90,0 UF mensuales, y el del seguro de cesantía de 135,2 UF, vigentes desde las remuneraciones de febrero de 2026. Las tasas de la cotización adicional de accidentes y de la comisión de la AFP varían según la actividad y la administradora, por lo que el costo exacto se calcula caso a caso.

TRABA JADORES EXTRANJEROS

Trabajadores extranjeros y régimen migratorio

PERMISOS DE RESIDENCIA

Habilitación para trabajar

Desde la perspectiva laboral, lo determinante es qué categoría habilita para trabajar. El titular de un Permiso de Permanencia Transitoria no puede realizar actividades remuneradas, salvo una autorización para trabajar excepcional de SERMIG para actividades específicas y esporádicas.

Categoría Habilita a trabajar Duración de referencia

Sí, excepcional, actividades específicas y Autorización de trabajo (Permanencia Transitoria) Hasta 90 días, prorrogable una vez esporádicas

Residencia Temporal · actividades lícitas Sí, trabajo dependiente con un empleador Temporal y prorrogable remuneradas en Chile

Residencia Temporal · trabajadores de temporada Sí, para la actividad estacional autorizada Limitada al trabajo estacional

No sustituye un permiso laboral Residencia Temporal · negocios de múltiple entrada Hasta seis meses por año dependiente

Residencia Temporal - inversionistas / Mercosur Según la subcategoría o el permiso Temporal y prorrogable (reciprocidad)

Residencia Definitiva Sí, cualquier actividad lícita Indefinida, sujeta a conservación

Otras subcategorías de residencia temporal (trabajadores de temporada, inversionistas, negocios de múltiple entrada y Mercosur) se resumen en la tabla siguiente. Los familiares obtienen residencia como dependientes, pero no pueden trabajar salvo que logren su propia habilitación. Tras cinco años, el extranjero mayor de edad puede acceder al sufragio y postular a la nacionalización.

Las categorías, requisitos y plazos pueden modificarse, por lo que conviene revisar el portal de SERMIG antes de iniciar el trámite.

MARCONORMATIVO

Marco normativo

La Ley N° 20.945, publicada el 30 de agosto de 2016, reformó el DL 211 y estructura el régimen actual. Estableció el control obligatorio y previo de operaciones de concentración administrado por la FNE; endureció las sanciones, elevando el tope de las multas y agregando inhabilidades; y reforzó la delación compensada. El control de fusiones entró en vigencia el 1 de junio de 2017.

Sobre el régimen penal de la colusión incide la Ley N° 21.595 de Delitos Económicos, publicada el 17 de agosto de 2023. La Ley N° 20.169, publicada el 16 de febrero de 2007, regula la competencia desleal y la entrega, por regla general, a los tribunales civiles, y el Decreto N° 41 de 2021 aprueba el Reglamento sobre la notificación de una operación de concentración.

INSTITUCIONALIDAD

Institucionalidad

El sistema descansa en dos órganos especializados, uno que investiga y persigue y otro que juzga, más la Corte Suprema como revisor.

Corte Suprema Cierra el sistema y revisa las decisiones del TDLC, a través de su Tercera Sala, cuando se interpone el recurso que corresponde. Una apelación agrega tiempo relevante al cierre.

C O N D U C TA S A N T I C O M P E T I T I VA S

Conductas anticompetitivas

El artículo 3° define la regla general y, en sus letras, ilustra con cuatro grupos de conductas. La enumeración no es taxativa.

C O N D U C TA S A N T I C O M P E T I T I VA S

Competencia desleal e interlocking Competencia desleal vinculada · letra c

Sanciona las prácticas predatorias o de competencia desleal realizadas para alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante. La Ley N° 20.169 regula la competencia desleal en general y la entrega a los tribunales civiles; cuando buscan una posición dominante, quedan además bajo el TDLC, de modo que una misma conducta puede generar una acción civil y otra de libre competencia en paralelo.

Interlocking y participaciones minoritarias · letra d Prohíbe la participación simultánea de una persona como director o ejecutivo relevante en dos o más empresas competidoras (interlocking). Opera cuando el grupo empresarial de cada una tiene ingresos anuales sobre 100.000 UF en el último año calendario, y la situación se mantiene transcurridos 90 días desde el término de ese año.

Distinta del control de fusiones, existe además la obligación de informar a la FNE, dentro de 60 días, la adquisición directa o indirecta de más del 10% del capital de un competidor, siempre que tanto la adquirente (o su grupo) como la objetivo superen 100.000 UF de ingresos anuales en el año anterior.

CONTROL DE FUSIONES

Control de operaciones de concentración

El control obligatorio y previo de fusiones es el cambio más relevante de la Ley N° 20.945 (Título IV del DL 211, arts. 46 a 61), reglamentado por el Decreto N° 41 de 2021.

Cuándo es obligatorio notificar La obligación exige dos requisitos copulativos. Primero, que sea una operación de concentración (art. 47), esto es, que dos o más agentes previamente independientes, de distintos grupos, dejen de serlo por fusión; por adquisición de derechos que permitan influir decisivamente en la administración de otro; por asociación para constituir un agente independiente y permanente; o por adquisición del control sobre activos de un tercero. Segundo, que se superen los umbrales de ventas de la FNE y la operación produzca efectos en Chile.

Umbral Monto vigente Norma

Ventas individuales en Chile de, al menos, dos de los Igual o superior a UF Art. 48 letra b), DL 211; Res. Exenta agentes 450.000 cada uno N° 157 de 2019, FNE

Ambos umbrales deben cumplirse conjuntamente. La conversión a pesos usa la UF al 31 de diciembre del ejercicio anterior. Las operaciones bajo umbral pueden notificarse de manera voluntaria bajo el mismo procedimiento. La FNE puede ajustar los umbrales, así que conviene confirmar el monto vigente.

CONTROL DE FUSIONES

Procedimiento, plazos y revisión

Presentada la notificación, la operación se suspende y no puede perfeccionarse hasta la autorización (art. 49). El procedimiento tiene dos fases, precedidas de un examen de completitud (plazos del art. 54).

Etapa Plazo de la FNE Resultado posible

10 días hábiles desde la Inicia la investigación si está completa; si no, otorga 10 días hábiles Examen de completitud notificación para subsanar. El silencio se entiende como inicio de Fase I.

30 días hábiles desde el inicio Aprobación pura y simple; aprobación con medidas del notificante; Fase I de la investigación o extensión a Fase II por hasta 90 días hábiles.

Aprobación pura y simple; con medidas; o prohibición de la Fase II 90 días hábiles operación.

El silencio de la FNE al término de cada fase se entiende como aprobación en las condiciones propuestas por el notificante. La extensión a Fase II habilita a terceros interesados a aportar antecedentes. El Reglamento contempla notificación simplificada para operaciones de menor complejidad.

Revisión por el TDLC Contra la resolución de la FNE que prohíbe una operación, las partes pueden deducir recurso de revisión especial ante el TDLC dentro de 10 días (arts. 18 N° 5, 57 y 31 bis). El TDLC cita a audiencia pública dentro de sesenta días desde la recepción del expediente, y la sentencia se dicta dentro de sesenta días desde esa audiencia. Contra esa sentencia, por regla general, no procede recurso, salvo cuando el TDLC aprueba sujeta a medidas distintas de las últimas propuestas, caso en que las partes y la FNE pueden reclamar ante la Corte Suprema.

DELACIÓN COMPENSADA

Delación compensada

Los beneficios dependen del orden de llegada. El primer postulante que aporta antecedentes determinantes puede obtener la exención de la disolución, de las multas del artículo 26 y de las sanciones penales. El segundo que cumple los requisitos y aporta antecedentes adicionales puede obtener una reducción de la multa, que no puede superar el 50% de la mayor multa solicitada para los demás requeridos. No alcanza a quien organizó el cartel forzando a otros a participar.

SANCIONES

Sanciones y responsabilidad

Las sanciones que puede imponer el TDLC están en el artículo 26 y se acumulan en tres capas.

Además, incumplir el deber de notificar una concentración se sanciona con multa de hasta 20 UTA diarias por cada día de retardo desde el perfeccionamiento (arts. 3° bis y 26); no informar una participación sobre 10% en un competidor queda bajo el régimen general (arts. 4 bis y 26).

REGULACIÓN SECTORIAL

Interacción con organismos sectoriales

El DL 211 convive con la regulación sectorial. En mercados regulados —telecomunicaciones, energía, banca y seguros o transporte— además del régimen general operan reguladores propios, de modo que una misma conducta puede importar a la FNE y el TDLC y, en paralelo, al sectorial.

MARCONORMATIVO

Marco normativo y arquitectura del sistema

La columna vertebral del derecho del consumo chileno es la Ley N° 19.496, conocida como Ley de Protección al Consumidor (LPDC). Tres reformas concentran el grueso de las obligaciones actuales.

La Ley N° 20.555, publicada el 5 de diciembre de 2011, creó el SERNAC Financiero y extendió la fiscalización a los productos y servicios financieros, con deberes de información sobre el costo del crédito.

La Ley N° 21.081, publicada el 13 de septiembre de 2018, fortaleció al SERNAC, elevó las multas, definió circunstancias atenuantes y agravantes, y le entregó la facultad de interpretar administrativamente la normativa.

La Ley N° 21.398, publicada el 24 de diciembre de 2021 y conocida como Ley Pro Consumidor, consagró el principio pro consumidor, amplió derechos en el comercio electrónico y reformó la garantía legal.

La ley busca corregir la asimetría de la relación de consumo con derechos irrenunciables de forma anticipada, de modo que toda cláusula que renuncie de antemano a un derecho del consumidor es nula.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Consumidor, proveedor y ámbito de aplicación

respecto del derecho a la indemnización individual cuando la ley especial no contempla un procedimiento para ello. Así, un banco, una isapre o una empresa de telecomunicaciones regulados por la CMF, la Superintendencia de Salud o la Subtel conviven con la LPDC en las materias que esta reserva.

La protección se extiende parcialmente a las empresas de menor tamaño. La Ley N° 20.416, conocida como Estatuto Pyme, establece en su artículo noveno la protección de las micro y pequeñas empresas en rol de consumidoras, haciendo aplicables ciertas reglas de la LPDC en determinados actos y contratos con sus proveedores, aunque excluye las normas relativas al rol del SERNAC; las acciones se canalizan ante el Juzgado de Policía Local competente o por las vías que procedan según la opción de la empresa. El SERNAC ha sostenido, en su Dictamen Interpretativo Solicitud de Interpretación Administrativa N° 36.258, de 31 de mayo de 2023, que las micro y pequeñas empresas pueden ejercer la garantía legal en su rol de consumidoras, conforme al artículo noveno de la Ley N° 20.416.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR

Derechos y deberes básicos del consumidor

Dos reglas tienen consecuencias operativas inmediatas. El silencio nunca constituye aceptación en los actos de consumo; el proveedor no puede interpretar la falta de respuesta como un sí, ni cobrar un servicio adicional sobre esa base. Y por el principio pro consumidor de la Ley N° 21.398, toda disposición de la ley, y en particular las estipulaciones de un contrato de adhesión, se interpretan en el sentido más favorable al consumidor, prevaleciendo el más favorable ante términos contradictorios.

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

Deber de información y publicidad

La LPDC exige que el consumidor reciba toda la información comercial básica relevante para una decisión informada, lo que comprende el precio, con impuestos incluidos, las condiciones de contratación y las características del bien o servicio.

CRÉDITO AL CONSUMIDOR

Crédito al consumidor, CAE y costo total del crédito

El párrafo del crédito al consumidor de la LPDC, reforzado por la Ley N° 20.555, impone deberes de información financiera para que el consumidor compare ofertas sobre una base homogénea. El proveedor de crédito debe informar el costo total del crédito, expresado en la Carga Anual Equivalente (CAE), un indicador porcentual anual que integra la tasa de interés, las comisiones, los gastos y los seguros asociados. Debe informar además el costo total del crédito en pesos, la tasa de interés, el número y monto de las cuotas, y las condiciones comerciales y financieras del producto.

Estos deberes se desarrollan en reglamentos. El Decreto N° 43 de 2012 del Ministerio de Economía aprobó el Reglamento sobre información al consumidor de créditos de consumo; el Decreto N° 44 de 2012 el de tarjetas de crédito bancarias y no bancarias; y el Decreto N° 48 de 2020 el de contenido e información del certificado de liquidación, además de modificar los decretos N° 42, 43 y 44 de 2012. Respecto de créditos hipotecarios rige el Decreto N° 42 de 2012, cuya versión vigente debe verificarse contra la normativa aplicable a la operación.

C O N T R ATO S D E A D H E S I Ó N

Cláusulas abusivas y contratos de adhesión

El contrato de adhesión es aquel cuyas cláusulas han sido redactadas e impuestas unilateralmente por el proveedor, sin que el consumidor pueda alterarlas. La LPDC lo regula desde dos puntos de vista.

En el plano formal, debe estar escrito de modo legible, en castellano y con un tamaño de letra no inferior a 2,5 milímetros, y el consumidor debe poder conocer íntegramente su contenido antes de obligarse; la Ley Pro Consumidor reforzó la exigencia de ponerlos a disposición de la autoridad fiscalizadora.

GARANTÍA LEGAL

Garantía legal: la triple opción

LA TRIPLE OPCIÓN PROCEDE EN LOS SIGUIENTES CASOS:

Cuando, por deficiencias de fabricación, elaboración, Cuando el proveedor y el consumidor convinieron que el materiales, estructura, calidad o condiciones sanitarias, el producto reuniría determinadas especificaciones y ello no producto no es enteramente apto para el uso o consumo ocurre. al que se destina o al que el proveedor anunció en su publicidad.

Cuando, hecha efectiva la garantía y prestado el servicio Cuando la cosa tiene defectos o vicios ocultos que técnico, subsisten las deficiencias que impiden el uso o imposibilitan el uso al que habitualmente se destina. consumo del bien en condiciones normales.

· Ley de los metales inferior a la indicada en orfebrería y joyería

El plazo fue uno de los puntos que reformó la Ley N° 21.398. El plazo general vigente para los bienes durables es de seis meses desde la recepción del producto por el consumidor; antes de la reforma era de tres meses. En alimentos y productos perecibles, la garantía se determina por el plazo indicado en el envase o, si no existe esa indicación, por un máximo de siete días, conforme al artículo 21 inciso 7° de la Ley N° 19.496. Si el bien se vende con una garantía voluntaria de duración superior a seis meses, prevalece el plazo mayor. El SERNAC sistematizó estos plazos en su Circular Interpretativa sobre el ejercicio de la garantía legal, aprobada por la Resolución Exenta N° 779 de 2023.

RETRACTO

Garantía voluntaria y derecho de retracto

Derecho de retracto El derecho de retracto permite al consumidor poner término unilateral al contrato dentro de un plazo de 10 días contados desde la recepción del producto o desde la contratación del servicio y antes de la prestación del mismo, sin expresión de causa. Lo regula el artículo 3 bis de la LPDC y opera en los siguientes supuestos:

Ese plazo se extiende a noventa días cuando el proveedor no remite la confirmación escrita del contrato exigida por el artículo 12 A. En los servicios educacionales de nivel superior prestados por institutos profesionales, universidades y centros de formación técnica, el artículo 3 ter regula un retracto especial, cuyo plazo de diez días corridos se cuenta desde la primera publicación de los resultados de admisión a las universidades del Consejo de Rectores.

COMERCIO ELECTRÓNICO

Comercio electrónico y ventas a distancia

El comercio electrónico concentra hoy la mayor parte de la litigiosidad de consumo, y la LPDC le aplica reglas que combinan el deber de información, el régimen de los contratos de adhesión y el derecho de retracto. El proveedor que vende por medios electrónicos debe, al menos:

Informar de manera clara, comprensible e inequívoca las condiciones generales del contrato y permitir almacenarlas o imprimirlas antes de contratar.

Confirmar Enviar confirmación escrita una vez que el consumidor acepta.

Respetar las condiciones, modalidades y plazos ofrecidos o publicitados, incluidos los de entrega.

No negar injustificadamente la venta o el servicio ofrecido públicamente.

Sus términos y condiciones son un contrato de adhesión, sujeto al control del artículo 16 y al principio pro consumidor, y el incumplimiento del plazo de despacho ofrecido es una infracción y, según el caso, una fuente de responsabilidad.

INSTITUCIONALIDAD

Institucionalidad y rol del SERNAC

Junto al SERNAC operan las Asociaciones de Consumidores, organizaciones independientes que defienden los intereses colectivos y difusos y pueden ejercer las acciones de la ley en representación de los consumidores. La LPDC también creó el Sello SERNAC, certificación que el servicio puede otorgar, a solicitud del proveedor, a los contratos de adhesión de productos y servicios financieros que cumplan la ley; ha tenido un uso acotado.

ACCIONES

Tipos de acción y vía procesal

El incumplimiento de la LPDC da lugar a acciones que persiguen sancionar la infracción, anular las cláusulas abusivas, exigir el cumplimiento, hacer cesar el acto y obtener la indemnización, clasificadas en tres categorías según el interés que protegen.

La acción de interés individual defiende los derechos de un consumidor determinado. Se tramita, por regla general, ante el Juzgado de Policía Local del lugar en que se celebró el contrato, se cometió la infracción o se inició su ejecución, a elección del actor; en contratos electrónicos, cuando no sea posible determinar esos lugares, la ley contempla una regla especial vinculada a la comuna de residencia del consumidor. No requiere patrocinio de abogado, y las cláusulas que pretenden prorrogar la competencia fuera de las opciones legales no son admisibles.

A esas vías se suma el procedimiento voluntario para la protección del interés colectivo o difuso, regulado en los artículos 54 H y siguientes, una mediación colectiva que el SERNAC gestiona para alcanzar con el proveedor un acuerdo extrajudicial que repare el daño. Si el proveedor no participa o la solución no resuelve el problema, el SERNAC puede iniciar la acción colectiva.

SANCIONES

Sanciones y prescripción

Las acciones para perseguir la responsabilidad contravencional prescriben, como regla general, en el plazo de dos años, aunque el cómputo depende de cómo se configure la infracción, especialmente en las continuadas. Ese plazo se suspende cuando el consumidor presenta un reclamo ante el servicio de atención al cliente del proveedor, ante un mediador o ante el SERNAC. La LPDC contempla también la publicación y el registro de las sentencias dictadas por los Juzgados de Policía Local, lo que añade un costo reputacional al económico.

SECTORES REGULADOS

Sectores con regulación de consumo reforzada

Algunos rubros soportan una capa adicional que se superpone a la LPDC. En los servicios financieros conviven el SERNAC, con las facultades de la Ley N° 20.555 sobre información del crédito y contratos de adhesión, y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) como regulador prudencial. La Ley Pro Consumidor sumó obligaciones de evaluación de solvencia del consumidor en la contratación de productos de crédito o financiamiento, y de información de su resultado.

SISTEMA DUAL

Un sistema dual de protección

La propiedad industrial se rige por la Ley N° 19.039 y cubre marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas, denominaciones de origen y secretos comerciales. La autoridad es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), creado por la Ley N° 20.254.

El derecho de autor se rige por la Ley N° 17.336 y protege las obras del intelecto en el dominio literario, artístico y científico, incluido el software, junto con los derechos conexos de artistas, intérpretes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. La autoridad es el Departamento de Derechos Intelectuales, dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (art. 90, Ley N° 17.336).

La distinción importa en la práctica. La mayoría de los derechos de propiedad industrial exige el título o registro ante el INAPI; los secretos comerciales no se registran y se protegen mientras se mantengan en reserva; y el derecho de autor protege la obra desde su creación, sin formalidad, con un registro de función probatoria y no constitutiva.

Por encima de ambos regímenes opera el reconocimiento constitucional. El artículo 19 N° 25 de la Constitución protege tanto el derecho de autor sobre las creaciones científicas, literarias, artísticas o intelectuales como la propiedad sobre inventos, marcas comerciales, patentes y otras formas de propiedad industrial, por el tiempo que señale la ley.

Acceso del titular extranjero El sistema no discrimina por nacionalidad. El solicitante extranjero debe designar un apoderado domiciliado en Chile, pero desde la adhesión al Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) basta un poder simple, sin legalización ni autenticación consular. Los derechos son transferibles, licenciables y gravables, y su cesión se formaliza por instrumento privado en español, sin protocolización ni autenticación consular.

MARCAS COMERCIALES

Marcas comerciales

Chile aplica la Clasificación de Niza; la marca solo protege los productos o servicios de las clases cubiertas. Desde el 4 de julio de 2022 Chile integra el Protocolo de Madrid, que permite a titulares extranjeros designar Chile en una solicitud internacional ante la OMPI.

MARCAS COMERCIALES

El uso obligatorio que introdujo la Ley N° 21.355

El cambio reordena la estrategia de cartera. Ya no basta con registrar de manera defensiva y dejar la marca dormir; hay que documentar uso real (facturas, publicidad, puntos de venta) y, en licencias, registrarlas y conservar evidencia del uso del licenciatario.

5 años 10 años ® sin uso real y efectivo desde la de vigencia del registro, renovable sin marcación no hay acciones concesión habilitan la caducidad indefinidamente penales, solo tutela civil

PAT E N T E S

Patentes de invención

La invención es toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial, sea un producto o un procedimiento; la patente es el derecho exclusivo del inventor para impedir su explotación comercial por terceros durante un plazo limitado (Título III, Ley N° 19.039). Son patentables las invenciones de todos los campos tecnológicos que reúnan tres requisitos. Deben tener novedad, es decir, no formar parte del estado de la técnica; nivel inventivo, esto es, no resultar obvias para una persona versada; y aplicación industrial.

La protección dura veinte años contados desde la presentación de la solicitud, no es renovable y está sujeta al pago de las tasas de mantención. Rige el principio de territorialidad; quien patenta en su país de origen no queda protegido en Chile por ese solo hecho.

Chile es parte del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) desde junio de 2009. El PCT no concede patentes internacionales, sino que unifica la presentación; el solicitante dispone de treinta meses desde la fecha de prioridad para entrar a la fase nacional en Chile. El INAPI fue designado Administración Encargada de la Búsqueda Internacional y del Examen Preliminar Internacional bajo el PCT.

Invenciones en servicio Cuando la invención surge de una relación laboral o de servicios, la titularidad se define por la naturaleza del vínculo y por el uso de los recursos del empleador (Título VI, Ley N° 19.039). Si el contrato tiene por objeto la actividad inventiva, el derecho a solicitar el registro y explotar la invención corresponde al empleador, salvo pacto en contrario. Si el trabajador no fue contratado para inventar, el derecho es suyo, pero si usó conocimientos o medios de la empresa la titularidad pasa al empleador, quien debe compensarlo en un monto acordado entre las partes.

OTRAS FIGURAS

Modelos, diseños, secretos e indicaciones

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PLAZOS Y FIGURAS

Tabla resumen Marcación

Figura Objeto protegido Plazo Renovación para acción penal

Marca comercial Signo distintivo de productos, 10 años desde la inscripción en el registro Indefinida, por «M.R.» o «®» servicios o establecimientos, períodos iguales de incluidas marcas no 10 años tradicionales

Patente de Solución técnica nueva, con 20 años desde la solicitud No renovable «P.I.» + número invención nivel inventivo y aplicación industrial

Modelo de Configuración de un objeto 10 años, no renovables, desde la solicitud No renovable «MU» + utilidad que aporta utilidad técnica de registro o desde la primera explotación número comercial en cualquier parte del mundo, según corresponda

Dibujo o diseño Forma u ornamentación nueva Hasta 15 años desde la solicitud No renovable «DI» + número industrial de un producto

Secreto comercial Conocimiento industrial o Mientras se mantenga en reserva No aplica No aplica comercial en reserva con ventaja competitiva

PROCEDIMIENTO

Procedimiento ante el INAPI y el TDPI

La ley distingue dos acciones de impugnación: Ambas se tramitan ante el INAPI con apelación ante el TDPI. En marcas, la nulidad debe ejercerse dentro de los cinco años siguientes al registro, salvo que se haya obtenido de mala fe, caso en que no prescribe (art. 27, Ley N° 19.039). Caducidad. Incorporada con fuerza por la Ley N° 21.355 en materia de marcas, procede por falta de uso real y efectivo. Ambas acciones se tramitan ante el INAPI con apelación ante el TDPI.

El tiempo de tramitación varía. Una marca sin oposición se resuelve en cerca de seis meses y con oposición en torno a un año; una patente sin oposición demora del orden de tres años por el examen pericial de fondo. Son cifras referenciales, según la carga del INAPI y la complejidad del caso.

DERECHO DE AUTOR

Derecho de autor Obras protegidas y nacimiento del derecho

Plazo de protección La protección se extiende por toda la vida del autor y por setenta años contados desde su muerte (art. 10). Si la titularidad corresponde a una persona jurídica, dura setenta años desde la primera publicación. Son plazos de los más largos del derecho comparado, en línea con los tratados de libre comercio de Chile.

El régimen del software El programa computacional está protegido como obra desde su creación, igual que cualquier otra de la Ley N° 17.336. El artículo 8 contiene reglas especiales de titularidad, siempre salvo estipulación escrita en contrario. En los programas producidos por dependientes en el desempeño de sus funciones laborales, el titular del derecho de autor es la empresa empleadora; en los producidos por encargo de un tercero para ser comercializados por su cuenta y riesgo, los derechos se reputan cedidos a ese tercero. Para una empresa de tecnología, el contrato ordena el software mejor que el registro, y debe regular la titularidad patrimonial, el uso, la modificación, la sublicencia, la explotación del código y los componentes de terceros.

DOMINIOS .CL

Nombres de dominio .CL

El ccTLD de Chile es .CL, administrado de manera independiente por NIC Chile (Universidad de Chile), conforme a la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL y sus resoluciones. Cualquier persona, nacional o extranjera, puede inscribir dominios .CL en línea a través de www.nic.cl; la inscripción se entiende presentada al confirmarse el pago de la tarifa anual y el dominio se publica en una lista durante treinta días. Los dominios se renuevan de forma indefinida mientras se cumplan las condiciones.

OBSERVANCIA

Observancia, tutela judicial y tratados

En el derecho de autor, la Ley N° 17.336 sanciona penalmente las infracciones y habilita acciones civiles de indemnización. Cuando la vulneración se produce por un acto arbitrario o ilegal que afecta una garantía constitucional, procede el recurso de protección ante la Corte de Apelaciones dentro del plazo del art. 20 de la Constitución.

En frontera, el Servicio Nacional de Aduanas está facultado para suspender el despacho de mercancías que se presuma infringen derechos de propiedad industrial, conforme a la Ley N° 19.912, deteniendo productos presuntamente falsificados mientras se resuelve la controversia.

CAMBIO DE RÉGIMEN

El cambio de régimen y por qué importa

Durante veinticinco años, el tratamiento de datos personales en Chile se rigió por la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, publicada el 28 de agosto de 1999. Pionera en la región, quedó atrás frente a la economía digital. Permitía tratar datos con un consentimiento poco exigente, no contemplaba una autoridad de control especializada y dejaba el cumplimiento entregado, en la práctica, a la acción civil de los afectados ante los tribunales ordinarios. Para una empresa acostumbrada al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD/GDPR), el régimen chileno parecía laxo, y esa percepción está por terminar.

La Ley N° 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, modifica de manera sustancial la Ley N° 19.628 y la acerca al modelo del RGPD/GDPR. Incorpora principios expresos del tratamiento, redefine el consentimiento, amplía los derechos del titular, impone obligaciones documentales al responsable, regula por primera vez de forma explícita la transferencia internacional de datos y crea una autoridad administrativa con facultades de fiscalización y sanción. El texto fija multas de hasta 20.000 unidades tributarias mensuales para las infracciones más graves.

Con una vacancia cercana a veinticuatro meses, hasta el 1 de diciembre de 2026 sigue rigiendo la Ley N° 19.628 en su redacción original; desde ese día rige el marco reformado en su integridad. Ese desfase define el calendario de adecuación de cualquier empresa con operaciones o clientes en Chile.

Para una empresa extranjera, el punto relevante es el alcance territorial. Cuando el responsable no está establecido en Chile, la sujeción al marco chileno debe revisarse caso a caso según los supuestos territoriales previstos por la ley y la conexión efectiva del tratamiento con titulares ubicados en el país. Una empresa con sede en el extranjero que ofrece servicios a personas en Chile o que monitorea su comportamiento puede quedar dentro del ámbito de la ley aunque no tenga oficina local, en una extraterritorialidad tomada del modelo europeo.

GARANTÍA CONSTITUCIONAL

El derecho fundamental del artículo 19 N° 4

La protección de los datos personales es en Chile una garantía constitucional. El artículo 19 N° 4 de la Constitución, en el texto fijado por el Decreto 100 de 2005, asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada y, tras la reforma introducida por la Ley N° 21.096, publicada el 16 de junio de 2018, la protección de sus datos personales, cuyo tratamiento se rige por la ley.

La Ley N° 21.719 es el desarrollo legal de ese derecho. El artículo 1° de la Ley N° 19.628, en su texto modificado, declara que regula la forma y condiciones del tratamiento de datos personales en conformidad al artículo 19 N° 4 de la Constitución. Para una empresa, el incumplimiento no es solo un riesgo administrativo de multa, sino la afectación de una garantía constitucional, con la carga reputacional y la exposición a acciones que ello conlleva.

CONCEPTOS CENTRALES

Ámbito de aplicación y conceptos centrales

La Ley N° 21.719 trabaja sobre cuatro conceptos que definen quién responde y por qué.

El encargado del tratamiento es quien trata datos por cuenta del responsable, en virtud de un contrato. El proveedor de infraestructura en la nube, la plataforma de correos masivos o el procesador de pagos suelen actuar como encargados. La ley exige que la relación conste por escrito y que el encargado aplique medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo.

PRINCIPIOS

Los principios del tratamiento

El artículo 3 de la Ley N° 19.628, en su texto modificado por la Ley N° 21.719, fija los principios que rigen todo tratamiento de datos personales. No son declaraciones de buena intención, sino estándares de conducta exigibles y sancionables.

Responsabilidad Seguridad Responsabilidad hace legalmente responsable a quien trata Seguridad obliga a garantizar estándares adecuados. los datos del cumplimiento de los principios.

La Ley N° 21.719 convierte estos principios, antes dispersos y sin fiscalización de oficio, en el eje del modelo, y los entrega a una agencia con potestad sancionatoria.

BASES DE LICITUD

Bases de licitud y el consentimiento

Todo tratamiento de datos personales requiere una base de licitud. La Ley N° 21.719 establece un catálogo de ellas, y el consentimiento del titular es una, pero no la única.

DERECHOS DEL TITULAR

Derechos del titular

La Ley N° 21.719 amplía y sistematiza los derechos de la persona cuyos datos se tratan. La tabla siguiente resume cada derecho y lo contrasta, donde corresponde, con el régimen de la Ley N° 19.628.

Acceso Obtener confirmación de si sus datos se tratan, acceder a ellos y Reconocido de forma más limitada, centrado conocer su origen, finalidad y destinatarios. en saber qué datos se almacenan y a quién se comunican

Rectificación Exigir la corrección de datos inexactos, desactualizados o Reconocido respecto de datos erróneos, incompletos. inexactos o incompletos.

Oposición Oponerse a tratamientos determinados, incluida la elaboración de No regulado de forma autónoma y general. perfiles y el marketing directo.

Bloqueo Solicitar la suspensión temporal de operaciones de tratamiento La Ley N° 19.628 contemplaba bloqueo, mientras se resuelve una solicitud de rectificación, supresión u pero no con el alcance sistemático del nuevo oposición. régimen de derechos.

Portabilidad Obtener los datos en formato estructurado y de uso común y No contemplado. transferirlos a otro responsable.

Decisiones Oponerse y no ser objeto de decisiones basadas exclusivamente en No contemplado como derecho autónomo automatizadas tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, general. cuando produzcan efectos jurídicos o le afecten significativamente.

Estos derechos se ejercen ante el responsable, que debe responder en los plazos y la forma que fija la ley; si no responde o lo hace de manera insuficiente, el titular puede reclamar ante la Agencia. La portabilidad y la oposición a la elaboración de perfiles son derechos nuevos, sin equivalente en la Ley N° 19.628, y especialmente sensibles para los modelos de negocio que dependen de la analítica de comportamiento.

OBLIGACIONES

Obligaciones del responsable

La Ley N° 21.719 traslada al responsable el peso del cumplimiento y lo hace demostrable mediante las obligaciones siguientes.

El deber de información obliga a entregar al titular, al momento de recoger los datos, la identidad y datos de contacto del responsable, las finalidades del tratamiento, las categorías de datos tratados, los destinatarios o categorías de destinatarios, la existencia de transferencias internacionales y los derechos que le asisten. Es el contenido mínimo de una política de privacidad que cumpla la ley.

El registro de actividades de tratamiento obliga a mantener un inventario documental de las operaciones de tratamiento, que la Agencia puede requerir y que es la primera evidencia de cumplimiento que una empresa debe poder exhibir.

El deber de reportar vulneraciones de las medidas de seguridad obliga a notificar a la Agencia las brechas que afecten datos personales y, según la gravedad y el tipo de datos comprometidos, también al titular afectado. El encargado que detecta una vulneración debe reportarla al responsable.

La designación de un delegado de protección de datos es una figura que la ley contempla para canalizar el cumplimiento y la relación con la Agencia. No es una obligación universal aplicable a todo responsable, sino que debe evaluarse según la operación y, especialmente, cuando la empresa adopta un modelo de prevención de infracciones o programa de cumplimiento certificable. Cuando se designa, funciona como punto de contacto y supervisa la observancia del marco.

TRANSFERENCIAS

Encargados y transferencias internacionales

La relación entre el responsable y sus proveedores que tratan datos por su cuenta debe constar en un contrato de encargo. La ley exige que el encargado trate los datos únicamente conforme a las instrucciones del responsable, aplique las medidas de seguridad apropiadas, guarde confidencialidad y reporte las vulneraciones que detecte. Cuando subcontrata, la cadena de subencargo queda sujeta a las mismas exigencias y la responsabilidad no se diluye por el solo hecho de subcontratar.

La transferencia internacional de datos recibe, por primera vez, una regulación expresa. La regla general es que es admisible cuando el país de destino tiene un nivel adecuado de protección, entendido como un ordenamiento con estándares similares a los de la ley chilena. Cuando no cuenta con un nivel adecuado, la transferencia procede si el responsable adopta garantías que la justifiquen, como cláusulas contractuales, normas corporativas vinculantes u otros instrumentos jurídicos. La Agencia puede formular recomendaciones, adoptar medidas conservativas y, en casos calificados, suspender temporalmente el envío de datos al extranjero.

El 19 de diciembre de 2025 se publicó la Resolución 202503748 exenta, del Ministerio de Economía, que aprueba cláusulas contractuales modelo para transferencias internacionales, lo que reduce la carga de negociar instrumento por instrumento y da previsibilidad a las empresas que mueven datos entre Chile y otras jurisdicciones.

LA AGENCIA

La Agencia de Protección de Datos Personales

La Ley N° 21.719 crea la Agencia de Protección de Datos Personales como una corporación autónoma de derecho público, de carácter técnico, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es la pieza que faltaba en el régimen de la Ley N° 19.628 y la que cambia de raíz el incentivo al cumplimiento.

La preparación institucional ya está en curso. El Decreto 12, publicado el 17 de junio de 2025, creó una comisión asesora ministerial para la implementación de la Ley N° 21.719.

M U LTA S

El régimen de multas

La Ley N° 21.719 establece un régimen sancionatorio escalonado según la gravedad de la infracción, con los topes de multa por categoría que resume la tabla siguiente.

Hasta 5.000 Hasta 10.000 Hasta 20.000 unidades unidades unidades tributarias tributarias tributarias mensuales mensuales mensuales multa máxima multa máxima multa máxima

El titular conserva, en paralelo a la vía administrativa, su acción civil de indemnización por los perjuicios que el tratamiento ilícito le cause, responsabilidad que puede recaer sobre el responsable o sobre el encargado según su participación en la infracción.

PLANDEPREPARACIÓN

Cronograma de vigencia y plan de preparación

Desde el 1 de diciembre de 2026, las obligaciones del nuevo marco y las facultades sancionatorias de la Agencia son exigibles. Un plan razonable encadena, en orden, el registro de actividades, la base de licitud de cada tratamiento, la política de privacidad, los contratos de encargo, la habilitación de las transferencias internacionales, las evaluaciones de impacto de alto riesgo, el procedimiento de atención de derechos y el protocolo de respuesta a brechas, y la eventual designación de un delegado.

AGENDA UNA REUNIÓN

N° 21.719 el 1 de diciembre de 2026?

MARCONORMATIVO

La arquitectura del derecho ambiental chileno

La institucionalidad ambiental nació con la Ley 20.417, publicada el 26 de enero de 2010, que creó el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, y contiene la Ley Orgánica de la Superintendencia (LOSMA), que regula la fiscalización y el régimen sancionatorio. Dos años después, la Ley 20.600, publicada el 28 de junio de 2012, creó los Tribunales Ambientales como jurisdicción especializada. Con estas tres leyes quedó armado el modelo vigente, en el que la evaluación, la fiscalización y el control judicial están en manos de órganos distintos.

Aun así, el derecho ambiental sigue disperso en numerosos cuerpos normativos y no existe un código único, por lo que quien evalúa un proyecto debe revisar la Ley 19.300, su reglamento, las normas de calidad y de emisión aplicables, los permisos sectoriales y la regulación del rubro. Esa fragmentación complica la planificación.

INSTITUCIONALIDAD

Las instituciones ambientales y su función

Cada órgano cumple un papel distinto y se relaciona con el titular en momentos diferentes. Institución Norma que la crea o regula Función principal

Ministerio del Medio Ambiente Ley 20.417 (2010); Título Diseña la política y la regulación ambiental, dicta normas de calidad (MMA) Final de la Ley 19.300 y de emisión y planes de prevención y descontaminación, y coordina la acción ambiental del Estado

Servicio de Evaluación Ambiental Ley 20.417 (2010); Párrafo 6º Administra el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, con- (SEA) del Título Final de la Ley duce la evaluación de los proyectos y uniforma criterios técnicos. 19.300

Comisión de Evaluación Ambiental Ley 19.300, Párrafo 2º del Califica ambientalmente cada proyecto y dicta la Resolución de / Director Ejecutivo del SEA Título Final Calificación Ambiental, regional o interregional según corresponda

Servicio de Biodiversidad y Áreas Ley 21.600 Conserva la biodiversidad, gestiona el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SBAP) Protegidas y fiscaliza actividades en áreas protegidas conforme a su competencia

Tribunales Ambientales Ley 20.600 Resuelven reclamaciones contra actos ambientales, demandas de reparación por daño ambiental y autorizan ciertas medidas de la SMA.

El diseño separa las funciones de manera deliberada. El SEA evalúa pero no fiscaliza; la SMA fiscaliza y sanciona pero no califica proyectos; los Tribunales Ambientales revisan las decisiones de ambos; y el Comité de Ministros opera como instancia de revisión administrativa en las materias de mayor sensibilidad. Así se evita que un solo órgano concentre la evaluación, el control y la sanción.

SEIA

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

El SEIA es el instrumento de gestión ambiental más importante del país y, para la mayoría de los inversionistas, el primer contacto real con la regulación. Está regulado en la Ley 19.300 y en su reglamento, el Decreto Supremo N° 40 de 2012, que administra el SEA. Lo permea el principio preventivo: determinados proyectos no pueden ejecutarse sin antes ser evaluados y sin obtener una Resolución de Calificación Ambiental que los autorice, de modo que el SEIA es, sobre todo, una condición de entrada al mercado.

La enumeración es taxativa, pero los umbrales y condiciones del Decreto Supremo N° 40 importan tanto como la tipología, porque un mismo tipo de proyecto puede quedar dentro o fuera según su tamaño, emplazamiento o potencia. Las modificaciones a un proyecto ya aprobado también se evalúan cuando son cambios de consideración, y un titular siempre puede someter voluntariamente un proyecto para obtener la certeza jurídica que da una RCA favorable.

La Ley 19.300 prohíbe fraccionar proyectos de mala fe para variar el instrumento de ingreso o eludir el SEIA. Si la SMA lo detecta, puede iniciar un procedimiento sancionatorio y, previo informe del SEA, obligar al titular a ingresar el proyecto correctamente; se exceptúa el proyecto que efectivamente se ejecuta por etapas, lo que el titular debe poder acreditar.

DIA Y EIA

Declaración o Estudio de Impacto Ambiental

El ingreso se hace por una de dos vías, una de las primeras decisiones técnicas del proyecto. La regla general es la Declaración de Impacto Ambiental; la excepción, reservada para los proyectos de mayor impacto, es el Estudio de Impacto Ambiental. La línea divisoria está en el artículo 11 de la Ley 19.300: si el proyecto genera alguno de estos efectos, ingresa mediante un Estudio.

EFECTOS DEL ARTÍCULO 11 · LEY 19.300

Riesgo para la salud de la población por la cantidad y calidad de efluentes, Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos emisiones o residuos. naturales renovables, incluidos el suelo, el agua y el aire.

Criterio Declaración de Impacto Ambiental (DIA) Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

Cuándo procede Regla general. El proyecto no genera ninguno de los efectos del art. Excepción. El proyecto genera alguno de los efectos del art. 11 de la Ley 11 de la Ley 19.300 19.300

Naturaleza Declaración jurada del titular Evaluación técnica detallada con línea de base ambiental

Contenido central Descripción del proyecto, justificación de que no genera efectos del Descripción del proyecto, línea de base, predicción y evaluación de art. 11, cumplimiento normativo y permisos requeridos impactos, y medidas de mitigación, reparación o compensación

Participación ciudadana Puede decretarse por 20 días en proyectos con cargas ambientales Procede siempre, por un período de 60 días hábiles desde la publicación para comunidades próximas. La solicitud debe presentarse dentro del plazo legal, actualmente de 30 días, y proceder de a lo menos 10 personas naturales o 2 organizaciones ciudadanas

Resultado RCA favorable o desfavorable RCA favorable o desfavorable

La diferencia no es menor. El Estudio exige una línea de base ambiental completa, la descripción de los impactos significativos y medidas de mitigación, reparación o compensación para hacerse cargo de ellos. La Declaración es una declaración jurada en la que el titular acredita que el proyecto cumple la normativa y no genera los efectos del artículo 11. Los plazos de la tabla siguiente son los que la ley fija para la calificación, sin contar las suspensiones por solicitudes de información adicional, que suelen extender la tramitación.

PA R T I C I PA C I Ó N C I U D A D A N A

La participación ciudadana y la consulta indígena

La participación ciudadana es una pieza estructural del SEIA y de las que más inciden en la viabilidad de un proyecto. En los Estudios es obligatoria; en las Declaraciones no es automática, pero puede decretarse cuando el proyecto genera cargas ambientales para comunidades próximas, según los plazos y requisitos de la tabla anterior. La Ley 21.449 amplió a 30 días el plazo para solicitarla en las Declaraciones de Impacto Ambiental. Los plazos del SEIA se cuentan en días hábiles, salvo mención en contrario.

El SEA debe hacerse cargo de las observaciones ciudadanas de manera fundada en la resolución que califica el proyecto, y su falta de consideración adecuada es uno de los vicios que con más frecuencia se alegan al impugnar una RCA. Quien las presentó y estima que no fueron debidamente consideradas tiene legitimación para reclamar.

A esto se suma la consulta indígena. Chile ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a consultar a los pueblos indígenas cuando se prevén medidas susceptibles de afectarlos directamente, deber cuya integración al SEIA ha precisado principalmente la jurisprudencia de los tribunales superiores. Los proyectos emplazados en territorios con presencia indígena deben anticipar este componente, porque su omisión o tratamiento defectuoso es causa habitual de judicialización.

PERMISOS E INSTRUMENTOS

Permisos sectoriales e instrumentos de gestión La ventanilla integrada

La gran ventaja del sistema es la llamada ventanilla integrada. Respecto de los permisos ambientales sectoriales comprendidos en el Reglamento del SEIA, la RCA favorable resuelve los aspectos ambientales evaluados y acredita los requisitos que correspondan, de modo que los órganos sectoriales no pueden denegarlos por motivos ambientales ya resueltos ni imponer nuevas exigencias ambientales distintas de las que la RCA estableció, sin perjuicio de revisar los requisitos no ambientales. A la inversa, si la RCA es desfavorable, quedan obligados a denegar los permisos.

Con todo, conviene no exagerar su alcance. Existen permisos de carácter no ambiental, sanitarios, de construcción, de concesión y otros, que se gestionan de manera independiente del SEIA, ante municipalidades u organismos autónomos, y la RCA no los reemplaza.

FISCALIZACIÓN

Fiscalización y sanción por la SMA

Una vez que un proyecto opera, la relación ambiental se traslada del SEA a la Superintendencia del Medio Ambiente. La SMA fiscaliza el cumplimiento de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de los planes de prevención y descontaminación, de las normas de calidad y de emisión y de los demás instrumentos. Su régimen está en la LOSMA, contenida en la Ley 20.417.

El procedimiento sancionatorio La SMA formula cargos cuando detecta incumplimientos e instruye un procedimiento sancionatorio que termina en una resolución. Las infracciones se clasifican, conforme al artículo 36 de la LOSMA, en gravísimas, graves y leves según la gravedad del incumplimiento y sus efectos, y esa clasificación determina el rango de la sanción.

La SMA también puede adoptar medidas urgentes y transitorias para evitar daño inminente, e incluso suspender autorizaciones contenidas en una RCA, aunque las de mayor entidad requieren autorización del Tribunal Ambiental competente.

1.000 UTA 5.000 UTA 10.000 UTA amonestación o multa máxima posible revocación de RCA o posible revocación de RCA o clausura clausura

CUMPLIMIENTO

Programa de cumplimiento y autodenuncia

El régimen sancionatorio no se agota en la multa. La LOSMA contempla dos instrumentos que incentivan el cumplimiento y cambian la estrategia frente a un procedimiento.

El programa de cumplimiento, regulado en el artículo 42 de la LOSMA, es un plan de acciones y metas que el titular presenta una vez formulados los cargos para reponer el cumplimiento de la normativa infringida y, si corresponde, hacerse cargo de sus efectos. Si la SMA lo aprueba y el titular lo ejecuta satisfactoriamente, el procedimiento se suspende y puede terminar sin multa; si incumple los compromisos del programa aprobado, se reanuda y se expone a una multa mayor que la que habría correspondido.

DAÑOAMBIENTAL

Responsabilidad por daño ambiental y delitos Daño ambiental

CAMBIOCLIMÁTICO

Cambio climático y su marco normativo

El marco de cambio climático en Chile dejó de ser un proyecto y es hoy derecho vigente, con reglamentación en curso. La Ley 21.455, Marco de Cambio Climático, fue publicada el 13 de junio de 2022 y constituye la base institucional de la política climática del país. Conviene precisarlo porque persiste la idea de que sigue siendo un proyecto de ley en trámite, y no lo es.

TENDENCIAS

Tendencias para los proyectos de inversión

MODELO CONCESIONAL

El modelo concesional y su marco normativo

INSTITUCIONALIDAD

Institucionalidad

Ministerio de Obras Públicas Licita, adjudica, fiscaliza y supervisa las concesiones y suscribe los contratos. Prepara las bases, inspecciona la obra y otorga las autorizaciones de puesta en servicio provisoria y definitiva.

Dirección General de Concesiones de Obras Públicas Unidad especializada en infraestructura por asociación público-privada. Creada por la Ley N° 21.044, publicada el 25 de noviembre de 2017, que elevó la antigua Coordinación de Concesiones a dirección general.

Consejo de Concesiones Órgano consultivo creado por la Ley N° 20.410 que revisa los proyectos y se pronuncia sobre la modalidad de concesión. Conforme al artículo 1 bis del DS MOP N° 900, lo integran el Ministro de Obras Públicas, un consejero designado por Obras Públicas y Hacienda que lo preside, dos consejeros de Hacienda y dos de Obras Públicas. Solo asesora.

Panel Técnico y Comisión Arbitral. Los dos órganos de resolución de controversias (ver abajo). Los dos órganos de resolución de controversias del sistema, incorporados y fortalecidos por la Ley N° 20.410. Se desarrollan más adelante en este capítulo.

PROCESO CONCESIONAL

El proceso concesional

Cualquier persona, natural o jurídica, chilena o extranjera, puede participar. El proceso se origina de dos maneras que definen quién asume los estudios.

Iniciativa pública. El proyecto nace en el Ministerio u otra autoridad y se presenta a la Dirección General de Concesiones. Antes del llamado se requiere aprobación de Hacienda y de Desarrollo Social; aprobado, se convoca la licitación, que se publica en el Diario Oficial y en un diario nacional.

Regla de adjudicación. Licitación transparente, sin negociación bilateral directa, por regla general al oferente cuya oferta económica obtiene la mejor evaluación cumpliendo los requisitos técnicos. Los factores suelen incluir tarifa, plazo, subsidios y pagos por infraestructura preexistente. Se formaliza por decreto supremo del Ministerio de Obras Públicas, suscrito por Hacienda. Sociedad concesionaria. Adjudicado el contrato, el adjudicatario protocoliza el decreto y constituye una sociedad chilena de giro exclusivo o registra una agencia local según las bases; solo entonces suscribe el contrato y adquiere la calidad de concesionaria. El giro exclusivo aísla patrimonio, flujos y riesgos.

RÉGIMEN ECONÓMICO

Régimen económico, garantías y seguros

Tarifas o peajes. Fuente primaria de ingresos en las concesiones que cobran al usuario final, como las autopistas. Su estructura, reajustes y topes se fijan en las bases y son variable de adjudicación.

Subsidios del Estado. Aportes que el Fisco compromete cuando la demanda no sostiene la inversión; su monto suele ser variable de adjudicación.

Ingreso mínimo garantizado. Asegura al concesionario un piso de ingresos y cubre la diferencia si los efectivos caen bajo el umbral, trasladando parte del riesgo de demanda al Fisco. A cambio, las bases suelen incorporar distribución de ingresos en favor del Estado cuando la recaudación supera ciertos niveles; revisa su fórmula caso a caso.

FINANCIAMIENTO

Financiamiento y modificación de obras

El financiamiento se estructura, por regla general, bajo principios de project finance: la sociedad concesionaria toma deuda que se paga con los flujos del proyecto, no con el patrimonio del sponsor. La pieza que sostiene el esquema es la prenda especial de concesión de obra pública. El contrato puede entregarse en garantía en favor de los financistas o de los bonos que el concesionario emita, e incluye los derechos que emanan de él, los ingresos del concesionario y los pagos comprometidos por el Estado. La legislación reconoce, además, el procedimiento de cambio de concesionario y de ejecución por incumplimiento, que permite a los acreedores proteger su acreencia sin paralizar la obra.

TÉRMINO Y CONTROVERSIAS

Suspensión, término y resolución de controversias

El Reglamento permite suspender la concesión por fuerza mayor, por destrucción de las obras que impida su uso o por otras causas de las bases. Durante la suspensión se pausan todos los pagos al concesionario, incluidos subsidios y tarifas, y los perjuicios se compensan con prórroga de plazo, mayores aportes o ajuste de tarifas.

DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS

Distribución de riesgos

El concesionario chileno enfrenta riesgos recurrentes en infraestructura, que se asignan mediante mecanismos de las bases, como las disposiciones de alivio en plazo y costo, los esquemas de reparto de sobrecostos y los ingresos mínimos garantizados, además del Panel Técnico y la Comisión Arbitral.

· Diseños de ingeniería incompletos entregados por la · Demoras en las expropiaciones autoridad

· Retrasos en autorizaciones ambientales · Conflictos con comunidades

· Rigidez de algunos contratos · Falta de política tarifaria clara

· Exposición a los cambios de ciclo político

MARCONORMATIVO

Marco normativo

Sobre ella se dictaron leyes de ajuste. La Ley N° 21.586 (13 de julio de 2023) amplió el plazo de inscripción e introdujo el perfeccionamiento de títulos a cargo de la DGA; la Ley N° 21.727 (18 de febrero de 2025) prorrogó el plazo de inscripción y registro al 6 de abril de 2027; la Ley N° 21.740 (23 de abril de 2025) modificó la fiscalización y vigilancia de la DGA.

La Dirección General de Aguas (DGA), del Ministerio de Obras Públicas, es el órgano regulador central. Constituye los derechos, declara la disponibilidad o el agotamiento de las fuentes, fija el caudal ecológico, administra el Catastro Público de Aguas, aplica la patente por no uso y conduce la caducidad y extinción. El riesgo está en las reformas posteriores y en los plazos transitorios vivos, así que fija versión y fecha de cada plazo al decidir.

TIPOS DE DERECHOS

Naturaleza y tipos de derechos

El agua es, en cualquiera de sus estados, un bien nacional de uso público (artículo 5 del Código de Aguas), no susceptible de apropiación privada. Lo que sí se constituye a favor de los particulares es el derecho de aprovechamiento de aguas (artículo 6 del Código de Aguas), un derecho real que faculta a su titular para usar y gozar del recurso. El artículo 19 N° 24, inciso final, de la Constitución le otorga la propiedad sobre esos derechos, con protección constitucional que la reforma de 2022 no eliminó respecto de los ya constituidos. Tres rasgos lo definen.

No consuntivos. Obligan a restituir el agua según el acto Permanentes. Autorizan a captar en todo momento de constitución (hidroeléctrica de pasada). según disponibilidad.

Eventuales. Solo autorizan a usar el agua cuando exista Continuos, discontinuos o alternados. Según el uso sea sobrante, satisfechos los permanentes; sobre una fuente ininterrumpido, por períodos o turnos. estresada valen mucho menos que su caudal.

Superficiales y subterráneos. El régimen de los subterráneos es más exigente; rige un radio de protección de 200 metros frente a captaciones ajenas.

No extractivos o in situ. Incorporados por la Ley N° 21.435 para conservación ambiental, turismo sustentable o proyectos recreativos; mantienen el agua en su cauce y, al no requerir obras, no quedan afectos a la patente por no uso.

LA REFORMA DE 2022

Constitución de derechos y la reforma

PAT E N T E Y E X T I N C I Ó N

Caudal ecológico, patente por no uso y caducidad

Tres mecanismos concretan la reforma y operan encadenados.

Caudal ecológico mínimo. Es el agua que debe permanecer en la fuente para preservar el ecosistema. La DGA lo establece conforme al artículo 129 bis 1 del Código de Aguas, como límite a la disponibilidad jurídica.

Patente por no uso. Grava al titular que no hace uso efectivo del recurso por no haber construido las obras de captación o restitución (arts. 129 bis 4 y siguientes). La reforma elevó y escaló su valor en el tiempo; impaga, puede culminar en el remate judicial del derecho.

Extinción por no uso. Es el paso final, cuando el titular no construye las obras. El plazo es de cinco años para los derechos consuntivos y de diez para los no consuntivos, contados desde la publicación de la resolución que por primera vez incluye el derecho en el listado de afectos a patente. Para los constituidos antes de la reforma que no hayan construido las obras del artículo 129 bis 9, transcurridos diez años desde la publicación de la ley opera la extinción en la parte no efectivamente utilizada. El titular tiene 30 días para oponerse; agotados los recursos, la DGA requiere al Conservador la cancelación de la inscripción. Hay excepciones (servicios sanitarios rurales, comunidades agrícolas e indígenas).

REGISTRO Y TRANSACCIONES

Registro, publicidad y transacciones

La reforma convirtió la inscripción en obligación con consecuencias severas. Los derechos constituidos a la fecha de publicación de la Ley N° 21.435 quedan sujetos a extinción si no se inscriben en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador competente y se registran en el Catastro Público de Aguas de la DGA dentro del plazo legal. El plazo original de 18 meses fue ampliado por la Ley N° 21.586 y prorrogado por la Ley N° 21.727 hasta el 6 de abril de 2027. El incumplimiento puede acarrear la extinción por el solo ministerio de la ley, con las mismas excepciones.

A lo anterior se suma la obligación del artículo décimo quinto transitorio del Código de Aguas, que concede cinco años desde la publicación de la Ley N° 21.435 para practicar una anotación al margen de la inscripción, con constancia del registro en el Catastro. Ese plazo vence también el 6 de abril de 2027; mientras no se practique, el Conservador no puede inscribir transferencias de dominio. La Ley N° 21.586 introdujo, además, el procedimiento de perfeccionamiento de títulos a cargo de la DGA, para determinar los datos de cada derecho e incorporarlo al Catastro.

ORGANIZACIONES Y SECTORES

Organizaciones de usuarios y relevancia sectorial

DESALINIZACIÓN

Desalinización: la Ley N° 21.813

La desalinización ha pasado a ser una respuesta central a la escasez; hacia 2025 operaban en Chile más de 30 plantas desaladoras, con la minería como consumidor principal. Antes se regía por las reglas generales sobre concesiones marítimas, porque el Código de Aguas rige las aguas continentales y no las marítimas.

Ese marco cambió con la Ley N° 21.813, sobre el uso de agua de mar para desalinización, publicada el 12 de mayo de 2026, que crea un régimen especial de concesiones y destinaciones marítimas, una Estrategia Nacional de Desalinización y reglas de fiscalización, sanciones, renovación, caducidad y término. Para proyectos en curso, revisa las normas transitorias y su vigencia.

DOS PLANOS

Dos planos de cumplimiento que se cruzan

En Chile coexisten dos lógicas. El compliance penal es obligatorio en cuanto la ley atribuye responsabilidad penal a la empresa por ciertos delitos perpetrados en el marco de su actividad, cuando el hecho se ve favorecido o facilitado por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención. El compliance regulatorio sectorial nace de los marcos de libre competencia, protección de datos, consumidor, medio ambiente, prevención del lavado de activos y mercados financieros.

LEY N° 20.393

La responsabilidad penal de la persona jurídica

La responsabilidad penal de las personas jurídicas se introdujo con la Ley N° 20.393, publicada el 2 de diciembre de 2009, “Establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica” (Ley 20.393, BCN, idNorma 1008668), para cerrar la brecha de Chile frente a los estándares de la OCDE en cohecho, con un catálogo original que leyes posteriores ampliaron.

Esta responsabilidad es autónoma respecto de la de la persona natural. La empresa puede ser condenada aunque no se identifique al individuo concreto, o aunque la responsabilidad de este se extinga, de modo que no puede escudarse en que «fue un empleado que actuó por su cuenta». La frontera entre «en provecho» y «en contra» se prueba con los registros internos, los controles y la reacción al detectar el hecho, así que detectar, denunciar y colaborar deja a la empresa en mejor posición que ocultar.

LEY N° 21.595

El cambio de la Ley de Delitos Económicos

El dato de vigencia es decisivo. Las normas que afectan a las personas naturales rigen desde la publicación, en agosto de 2023, pero las modificaciones sobre la Ley N° 20.393 —y por tanto sobre la responsabilidad de las personas jurídicas— comenzaron a regir el 1 de septiembre de 2024. La incorporación del supervisor quedó sujeta al Decreto 97 del Ministerio de Justicia, publicado el 26 de septiembre de 2024.

C AT E G O R Í A S D E D E L I TO S

Las categorías de delitos económicos

Categoría Lógica de inclusión Ejemplos de delitos base

Primera Siempre delito económico, por su naturaleza. Colusión, uso de información privilegiada, información falsa al mercado o a la CMF, cohecho, lavado de activos, administración desleal.

Segunda Económico solo si se comete en ejercicio de un cargo en la Fraudes, delitos tributarios y aduaneros, delitos empresa o para su beneficio. informáticos, atentados contra la propiedad intelectual e industrial.

Tercera Delito de funcionario público con intervención de alguien de Cohecho, negociación incompatible, enriquecila empresa o con beneficio para esta. miento ilícito.

Esa lógica clasifica el delito como económico, pero la atribución penal a la persona jurídica exige además cumplir los presupuestos del art. 3 de la Ley N° 20.393. A este catálogo la Ley de Delitos Económicos sumó una capa ambiental, con nuevos delitos como la disposición ilegal de residuos, la omisión de evaluación de impacto ambiental cuando es exigible y la extracción no autorizada de aguas en zonas de escasez. Para una empresa industrial, minera, agrícola o de manejo de residuos, esta capa es parte ineludible del mapa de riesgo penal y se conecta con el capítulo de medio ambiente.

MODELO DE PREVENCIÓN

El modelo de prevención de delitos

Identificación de actividades de riesgo. Mapear los procesos con riesgo de comisión de los delitos del catálogo, con una matriz de riesgo penal viva, específica del giro y actualizada tras la reforma de 2023.

Evaluación y actualización periódica. Evaluaciones periódicas por terceros independientes y mecanismos de mejora a partir de ellas, con informes, planes ejecutados y trazabilidad de las actualizaciones.

PENAS

Las penas aplicables a la persona jurídica

Pérdida de beneficios fiscales. Total o parcial, relevante para empresas con franquicias, exenciones o incentivos tributarios.

Sujeción a un supervisor designado por el tribunal. Imponible como medida cautelar o como pena, con finalidad correctiva del sistema de prevención, para corregir la organización sin disolver la empresa.

Disolución o cancelación de la personalidad jurídica. Extinción de la empresa, en casos de máxima gravedad o reincidencia.

Comiso de ganancias y publicación de la sentencia. Decomiso de las utilidades del delito y publicidad de la condena; procede incluso sin condena previa en ciertos supuestos.

Operan como atenuantes, conforme a los artículos 6 y 7 de la Ley N° 20.393, la autodenuncia, la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos y la adopción de medidas eficaces para prevenir la reiteración, entre otras. El modelo de prevención, además de su rol eximente, pesa en la atenuación cuando no alcanza a eximir.

COMPLIANCE SECTORIAL

El compliance regulatorio sectorial

El compliance penal convive con un cumplimiento regulatorio que se reparte en regímenes con su propio fiscalizador y sanciones administrativas frecuentes, rápidas y, en varios sectores, cuantiosas. La mayor parte de estas materias tiene su propio capítulo. Este es el mapa transversal que las integra en una matriz común.

Protección del consumidor. Las empresas que venden a consumidores finales quedan sujetas a la Ley N° 19.496 y al SERNAC, cuya infracción genera reclamos individuales y procedimientos colectivos.

L AVA D O D E A C T I V O S

Prevención de lavado de activos y la UAF

Reportar operaciones sospechosas a la UAF: aquellas que carecen de justificación económica o jurídica aparente, con independencia de su monto y sin que la reserva sirva de excusa.

Mantener registros por cinco años de las operaciones en efectivo que superen los diez mil dólares, a disposición de la UAF.

Cumplir las instrucciones que la UAF imparte mediante circulares, como la Circular 62, de 19 de marzo de 2025, dirigida a los sujetos obligados del art. 3 (Circular 62 UAF, BCN, idNorma 1212282).

GOBERNANZA

Gobernanza, evidencia y auditoría del programa

MARCO LEGAL

Marco legal y procedimientos

El sistema contempla tres procedimientos concursales centrales.

Reorganización. Reestructura pasivos y activos para que la empresa viable continúe operando.

Liquidación. Ordena la venta de los bienes del deudor inviable para pagar a sus acreedores.

Renegociación de la persona deudora. Administrativa, permite a las personas naturales reestructurar sus deudas.

A estos se suman, desde la reforma, una reorganización simplificada y una liquidación simplificada para micro y pequeñas empresas.

INSTITUCIONALIDAD

Institucionalidad del sistema concursal

El sistema descansa sobre tres pilares.

Veedor y liquidador Son los órganos técnicos. El veedor participa en la reorganización, propicia los acuerdos y resguarda los intereses de los acreedores; no asume la administración, porque el deudor conserva la gestión. El liquidador participa en la liquidación, realiza el activo del deudor y propende al pago conforme al orden de prelación legal; a diferencia del veedor, sí asume la representación de los bienes del deudor una vez declarada la liquidación.

Tribunales ordinarios El derecho chileno no contempla tribunales especiales de insolvencia. Conoce el del domicilio del deudor. Bancos, instituciones financieras, compañías de seguros y otras entidades reguladas están sujetos a regímenes especiales, apartados del régimen general de la Ley N° 20.720.

REORGANIZACIÓN

Procedimiento concursal de reorganización

La reorganización es el corazón del sistema. Busca un acuerdo entre la empresa deudora y sus acreedores que permita seguir operando, porque los acreedores recuperan más de una empresa en marcha que de una liquidada.

Formas del acuerdo. El acuerdo de reorganización judicial se alcanza dentro del procedimiento. El extrajudicial se negocia fuera del marco procesal y, para ser oponible a quienes no fueron parte, debe someterse a aprobación judicial.

Reorganización simplificada. La reforma de 2023 introdujo una versión simplificada para micro y pequeñas empresas (Ley N° 21.563).

REORGANIZACIÓN

Plazos del acreedor y quórum del acuerdo

Plazo del acreedor. Tras la Resolución de Reorganización, los acreedores tienen quince días, contados desde la notificación, para acreditar su personería, con indicación de las facultades de sus representantes para conocer, modificar y adoptar el acuerdo (art. 57 N° 6, Ley N° 20.720). El pasivo se determina sobre la nómina de créditos que acompaña el deudor y el régimen de objeciones de los artículos 70 y 71.

15 días 60 + 120 2/3 para acreditar personería desde la días de protección financiera del pasivo con derecho a voto para notificación concursal, inicial y prorrogable aprobar el acuerdo

LIQUIDACIÓN

Procedimiento concursal de liquidación

La liquidación se aplica cuando la empresa no es viable. El liquidador realiza los activos y distribuye el producto conforme al orden de prelación legal.

Inicio voluntario o forzoso. En la voluntaria, el deudor inicia el procedimiento si cumple los requisitos y no ha iniciado ya una reorganización. En la forzosa, cualquier acreedor puede demandar el inicio solo si concurre alguna causal del artículo 117 de la Ley N° 20.720, entre ellas el cese en el pago de una obligación que conste en título ejecutivo. La reforma de 2023 agregó una liquidación simplificada que acorta plazos y elimina las juntas de acreedores, salvo que se soliciten (Ley N° 21.563). Efectos de la declaración. El tribunal designa al liquidador, que asume la representación de los bienes del deudor. Todas las acciones judiciales se acumulan ante el tribunal que conoce de la liquidación. El deudor pierde la administración de sus bienes embargables; la declaración no transfiere la propiedad a los acreedores, sino que suspende la facultad de disponer hasta pagar los créditos. Se suspenden las ejecuciones individuales. Como excepción, los acreedores prendarios e hipotecarios conservan el derecho de perseguir separadamente su garantía, pero deben igualmente verificar sus créditos.

Plazo del acreedor. Treinta días hábiles, contados desde la publicación de la declaración en el Boletín Concursal, para verificar los créditos con su respaldo. Los plazos de días se computan en días hábiles conforme al artículo 7 de la Ley N° 20.720. Solo los créditos de la nómina de créditos reconocidos participan en la distribución. Este plazo difiere del de quince días de la reorganización.

PRELACIÓN DE CRÉDITOS

El orden de prelación de créditos

Los bienes del deudor conforman la masa, que el liquidador realiza para pagar. Por regla general, los créditos se pagan a prorrata, salvo que opere una preferencia legal. El orden de prelación lo fijan el Código Civil (arts. 2470 y siguientes) y la propia Ley N° 20.720.

Primera clase (art. 2472 Código Civil). Privilegio general. Incluye costas judiciales en interés general de los acreedores, gastos de administración del procedimiento y de realización de bienes, remuneraciones y asignaciones familiares de los trabajadores, cotizaciones de seguridad social adeudadas y ciertos créditos del Fisco por impuestos de retención y de recargo.

Segunda clase. Créditos prendarios, pagados con el producto del bien dado en prenda.

Tercera clase. Créditos hipotecarios, pagados con el producto del inmueble hipotecado.

Clases cuarta y siguientes. Otros créditos privilegiados. Los créditos comunes o valistas se pagan solo con el remanente.

La ley admite un plan de pago alternativo al orden legal supletorio, siempre que no contravenga el orden de preferencias ni los montos reconocidos. Terminado el procedimiento, las obligaciones anteriores a su inicio se extinguen por el solo ministerio de la ley, y el deudor recupera la administración de los bienes que resten.

INSOLVENCIATRANSFRONTERIZA

Renegociación e insolvencia transfronteriza

ACREEDORES EXTRANJEROS

Acreedores extranjeros y garantías

Acreedores extranjeros en Chile. Pueden comparecer en procedimientos concursales chilenos y ejercer los derechos que la ley reconoce, incluida la verificación de créditos. Si existe un procedimiento de insolvencia extranjero que deba producir efectos en Chile, su reconocimiento se solicita conforme al Capítulo VIII, normalmente por el representante extranjero con intervención de abogado en Chile; reconocido, el representante puede pedir medidas para proteger los bienes o intereses vinculados.

Acreedores chilenos en el extranjero. Pueden solicitar la intervención de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento para que actúe en su representación, y los tribunales chilenos pueden comunicarse directamente con los tribunales extranjeros. Donde la cooperación no está aceptada por el marco de la jurisdicción extranjera, deben recurrir al reconocimiento tradicional mediante exhorto internacional.

En reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, incluidas las dictadas en procedimientos de insolvencia, el sistema chileno aplica un marco basado principalmente en los tratados internacionales suscritos con la jurisdicción de origen. A falta de tratado, rige el principio de reciprocidad. Sin tratado ni reciprocidad, la ejecución puede proceder sobre la base de los principios generales del derecho, siempre que la sentencia no contravenga el orden público ni las reglas de jurisdicción chilenas. Cumplidos los requisitos, no hay restricción que impida la devolución de bienes a un representante extranjero, en los mismos términos que a un representante chileno.

La ley regula también la compensación de obligaciones conexas, relevante para los acreedores financieros internacionales. La regla general prohíbe la compensación no realizada antes de la notificación de la resolución de liquidación, con una excepción para las obligaciones conexas: aquellas que, aun en monedas distintas, derivan de operaciones con instrumentos derivados —futuros, opciones, swaps y forwards— celebradas entre las mismas partes bajo un mismo convenio marco. La norma autoriza al Banco Central a determinar los términos generales aplicables a esos convenios. Cuando la compensación válida arroja un monto neto a pagar por la empresa deudora, ese monto se incorpora al pasivo.

C O M PA R AT I VA

Los procedimientos concursales, lado a lado

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MARCONORMATIVO

Estructura del mercado y regulador

El mercado está desarrollado, con grupos internacionales operando vía filiales locales y dos segmentos, seguros de vida y seguros generales. Por la alta exposición sísmica del país, la retención local de riesgo catastrófico es limitada y el reaseguro transfronterizo es estructural.

GIRO EXCLUSIVO

Constitución, giro exclusivo y separación de ramos

Bajo el DFL 251, solo las compañías de seguros y de reaseguros chilenas, con objeto social exclusivamente de seguros, pueden asegurar riesgos en Chile. Existe una excepción acotada para aseguradores extranjeros, que pueden operar sin constituirse localmente en áreas limitadas como el seguro marítimo y aeronáutico internacional, el transporte de carga en tránsito internacional y los riesgos asociados a satélites. Fuera de esos casos, se exige una compañía constituida en el país.

C O N T R ATO D E S E G U R O

El contrato de seguro y la regla pro asegurado

El artículo 512 del Código de Comercio define el seguro como el contrato por el cual el asegurador se obliga a indemnizar un daño o a satisfacer un capital, renta u otra prestación frente al acaecimiento del riesgo, mediante el pago de una prima. Tras la reforma, el contrato es consensual y la póliza da cuenta de él sin ser su requisito de existencia.

La buena fe es el eje del contrato. El artículo 525 exige que el contratante informe, al tenor de lo solicitado por el asegurador, los hechos que sirvan para apreciar el riesgo; si el asegurador no solicita esa declaración, no podrá luego alegar errores, reticencias o inexactitudes. Las pólizas operan sobre condiciones generales, depositadas en la CMF, y particulares, que prevalecen en caso de conflicto, y las exclusiones son un foco frecuente de disputa.

SINIESTROS

Auxiliares y liquidación de siniestros

La distribución y la liquidación se canalizan a través de los auxiliares del comercio de seguros, supervisados por la CMF. Sus categorías centrales son:

Corredores de seguros. Intermediarios independientes inscritos en el Registro de la CMF. Pueden colocar seguros con cualquier aseguradora habilitada y la ley les impone un deber de asesoría informada al cliente durante toda la vigencia del contrato. Conviven canales alternativos como el agente de ventas, el bancaseguros y las plataformas InsurTech.

Liquidadores de siniestros. También inscritos y supervisados por la CMF, investigan el siniestro para determinar la cobertura y evaluar la indemnización. Deben actuar con independencia e imparcialidad; aunque los paga el asegurador, su opinión es objetiva, no vinculante e impugnable ante el propio liquidador y luego ante un árbitro.

Conviven además canales alternativos como el agente de ventas, el bancaseguros y las plataformas InsurTech.

REASEGURO

Reaseguro y reaseguradores extranjeros

El reaseguro transfiere parte del riesgo del asegurador a un tercero. Pueden reasegurar pólizas chilenas las compañías de reaseguro chilenas de giro exclusivo inscritas en la CMF, las compañías de seguros chilenas y los reaseguradores extranjeros, sujetos estos a clasificación de riesgo. La CMF requiere que el reasegurador extranjero mantenga una clasificación mínima de BBB, o equivalente, confirmada por al menos dos agencias internacionalmente reconocidas —Standard & Poor’s, Fitch, Moody’s o A.M. Best—. Si pierde esa clasificación, el asegurador debe encontrar un reemplazo dentro de seis meses. Debe, además, designar un representante en Chile con facultades de representación judicial, salvo que el reaseguro se coloque por un corredor de reaseguro inscrito en la CMF.

S E G U R O S O B L I G ATO R I O S

Seguros obligatorios y seguros paramétricos

El ordenamiento chileno impone ciertos seguros obligatorios. Dos son especialmente relevantes para una empresa que opera en el país: Seguro social contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales (Ley N° 16.744). Obligatorio, de cargo del empleador desde el primer trabajador, administrado por las mutualidades de empleadores y por el Instituto de Seguridad Laboral. Se trata con más detalle en el Capítulo 7. Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP, Ley N° 18.490). Exigible para la circulación de todo vehículo motorizado. Cubre, dentro de los límites legales, la muerte y lesiones corporales por accidentes en que intervenga el vehículo asegurado. Su póliza es única y elaborada por la CMF.

En el sector financiero, los seguros asociados a créditos hipotecarios se regulan por el artículo 40 del DFL 251 y por la Norma de Carácter General N° 469 de la CMF.

ENTRADA AL MERCADO

Entrada de aseguradoras e inversionistas extranjeros

CIERRE

Novedades regulatorias 2026

El año 2026 es, para Chile, un año de alta densidad regulatoria. Conviven reformas estructurales ya publicadas pero todavía en implementación con un paquete de proyectos de ley en tramitación que, de aprobarse, redefinirían la carga tributaria, el costo de contratar y el régimen de permisos. La lectura correcta para una empresa extranjera no es memorizar cada norma, sino distinguir lo que ya es obligatorio de lo que aún es propuesta sujeta a cambios. Buena parte de lo más relevante de 2026 todavía no es ley. Donde una reforma se encuentra en tramitación legislativa se indica de manera expresa, porque su contenido puede modificarse durante la discusión o no llegar a aprobarse. Ninguna decisión de inversión debe apoyarse en un proyecto como si fuera derecho vigente. La matriz siguiente ordena las novedades por su estado real.

Estado normativo y legislativo verificado al 22 de junio de 2026. Ninguna decisión de inversión debe apoyarse en un proyecto de ley como si fuera derecho vigente.

Matriz ejecutiva · Proyecto de Reconstrucción · Permisología · Datos personales · Ciberseguridad · Pensiones · Cómo anticiparse

Las novedades, por su estado real Materia Estado Fecha clave Impacto normativo

Protección de datos personales Publicada, en vacancia 1 dic. 2026 Nueva Agencia, mayores estándares de licitud y seguridad, (Ley N° 21.719) derechos del titular y régimen sancionatorio.

Permisología / LMAS (Ley N° Vigente, implementa- 2026+ Sistema común de permisos, plazos máximos, técnicas 21.770) ción gradual habilitantes, silencio administrativo, plataforma SUPER y estabilidad regulatoria.

Ciberseguridad (Ley N° 21.663) Vigente, desarrollo 2026 Deberes de gestión de riesgos, estándares y reporte de técnico incidentes; normativa técnica en consulta pública.

Reforma de pensiones (Ley N° Vigente, gradual 2025–2033 Cotización adicional de cargo del empleador que sube por 21.735) etapas hasta su tasa de régimen.

Reducción de jornada (Ley N° Vigente, gradual 2026 / 2028 Bajó a 42 horas el 26 de abril de 2026, en trayectoria hacia 21.561) 40 horas, sin rebaja de remuneraciones.

Desalinización (Ley N° 21.813) Publicada, vigencia 2026 Marco para uso de agua de mar; clave para proyectos diferida intensivos en agua.

Proyecto de Reconstrucción En tramitación 2026 Rebaja y reintegración del IDPC, invariabilidad tributaria, Nacional (Boletín N° 18.216-05) crédito al empleo formal y ventanas transitorias. No es derecho vigente.

La Ley N° 21.595 de Delitos Económicos de 2023 no es novedad de 2026, pero sigue siendo un eje de adecuación porque sus efectos sobre los modelos de prevención y la responsabilidad penal de la persona jurídica continúan consolidándose. La ley amplió de manera sustancial el catálogo de delitos que pueden gatillar esa responsabilidad y reordenó el régimen de penas. Su tratamiento detallado está en el capítulo de compliance. La consecuencia práctica es que el modelo de prevención dejó de ser un documento formal y pasó a ser una defensa operativa; las empresas que lo diseñaron bajo el marco anterior deben revisarlo a la luz del nuevo catálogo.

La pieza de mayor calado es la rebaja del Impuesto de Primera Categoría (IDPC) y la reintegración del sistema tributario. El proyecto propone una tasa única de IDPC de 23% para régimen general y Pymes, con gradualidad escalonada para el régimen general hasta llegar a 23% desde el año comercial 2029, y avanzar hacia la reintegración del régimen semiintegrado eliminando gradualmente la obligación de restitución de créditos por IDPC.

Año comercial Tasa de IDPC propuesta para régimen general Comentario

2026 27% Se mantiene la tasa vigente.

2027 25,5% Primer tramo de reducción propuesto.

2028 24% Segundo tramo de reducción propuesto.

2029 en adelante 23% Tasa de régimen propuesta.

Todo lo anterior corresponde a propuestas legislativas en tramitación, no a derecho vigente.

¿Cómo impactan estas reformas

AGENDA UNA REUNIÓN

a tu empresa?

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Chile es una jurisdicción abierta, predecible y técnicamente exigente, donde el riesgo rara

vez está en una prohibición y casi siempre en la falta de anticipación.

El valor de un Outside General Counsel Sostener esa anticipación de forma continua es difícil con un proveedor legal al que se acude solo cuando surge un problema: cada vez que aparece un asunto nuevo, el asesor parte de cero, sin conocer el negocio ni su historia, y la respuesta llega tarde o desconectada de la estrategia.

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