Una guía para founders, gerentes generales y CFOs que están en ese punto incómodo donde el estudio externo ad-hoc ya no alcanza, pero contratar un abogado interno todavía no se justifica.
Introducción
Hay un punto en la vida de toda empresa chilena en crecimiento que se ve más o menos así. La operación pasó de tres contratos al mes a quince. El área comercial empieza a firmar términos que nadie revisa hasta que algo falla. RRHH te pregunta si pueden cursar un despido por necesidades de la empresa y necesitas una respuesta antes de las 18:00, porque el finiquito hay que pagarlo dentro del plazo del art. 177 del Código del Trabajo. El estudio externo de toda la vida tarda 48 horas, factura cada minuto y, aun así, no entiende el negocio lo suficiente como para anticiparse.
En ese momento aparece la pregunta: ¿contratamos un abogado interno?
Para la mayoría de las empresas chilenas en esa etapa, contratar un abogado in-house es la respuesta equivocada. O, más exactamente, prematura. Existe una alternativa que el mercado chileno todavía está incorporando, pero que en Estados Unidos, Reino Unido y más recientemente, Europa continental, lleva años consolidándose como estándar para empresas medianas: el modelo de Outside General Counsel.
Acá te explicamos qué es, por qué tiene sentido bajo el contexto chileno y cuándo conviene activarlo.
Qué es un Outside General Counsel
Un Outside General Counsel (OGC) es un abogado senior que opera dentro de la empresa, pero no como trabajador con contrato indefinido. Trabaja una fracción de su tiempo para cada cliente, embebido en la operación: participa de reuniones de comité ejecutivo, conoce a los jefes de área, revisa los contratos antes de que se firmen, asesora al directorio y construye los protocolos internos. Hace, en la práctica, lo que haría un gerente legal interno. Solo que, en vez de tenerlo el 100% del tiempo y pagar la planilla completa (sueldo, gratificación legal, AFP, Isapre, seguros de cesantía, feriado anual, indemnización por años de servicio), la empresa accede a esa capacidad por una fracción del costo y bajo un fee mensual predecible.
En algunos mercados hispanohablantes este modelo se conoce también como abogado fraccional o departamento legal externo; en inglés circula además como fractional CLO o fractional chief legal officer. Son denominaciones distintas para la misma arquitectura: capacidad legal senior, entregada en formato flexible, sin relación laboral de jornada completa.
No es asesoría legal externa "a demanda", ni un estudio que cobra por hora. Es trabajo interno, entregado de forma flexible.
La diferencia operativa es relevante. Un estudio tradicional opera desde afuera: recibe el caso, lo estudia, factura las horas, entrega un informe. Un OGC opera desde adentro: sabe quién firma qué, conoce el modelo de negocio, anticipa el problema antes que ocurra y, cuando ocurre, ya tiene contexto para resolverlo rápido.
Por qué este modelo encaja en Chile
El mercado legal chileno tiene una estructura particular. Por un lado, los estudios grandes atienden a las empresas IPSA y multinacionales con tarifas que no son razonables para una empresa que recién pasó las UF 100.000 de facturación anual. Por otro lado, los abogados independientes y los estudios pequeños cubren a las PyMEs, pero su nivel de involucramiento suele ser reactivo y poco especializado: aparecen cuando ya hay un problema.
En medio queda un segmento gigante de empresas chilenas, normalmente entre UF 100.000 y UF 1.000.000 de facturación anual, que necesitan asesoría legal estratégica y continua, pero que no van a justificar un departamento legal interno. Para esas empresas, el cálculo es bastante directo. Un gerente legal con experiencia en Chile cuesta hoy entre $5.000.000 y $9.000.000 brutos mensuales, sin contar bonos, gratificación legal, AFP, Isapre, seguro de cesantía, vacaciones e indemnización por años de servicio. Con el costo total cargado, una empresa difícilmente baja de los $90.000.000 anuales por una sola persona. Y esa persona, por buena que sea, no cubre todas las especialidades que la empresa necesita: derecho laboral, contratos comerciales, corporativo, datos personales, consumidor, compliance, propiedad intelectual.
Un OGC permite acceder al mismo nivel de capacidad senior, con respaldo de un equipo multidisciplinario, por un fee mensual que suele ubicarse entre un tercio y la mitad de ese costo total. Y, sobre todo, sin la rigidez laboral chilena: si la empresa crece y necesita más involucramiento, se escala el retainer; si entra en una etapa más tranquila, se baja. Cosa que con un contrato indefinido no se puede hacer sin entrar en discusiones de art. 161 (necesidades de la empresa) o art. 159 N° 2 (mutuo acuerdo), con todo lo que eso implica.
Qué hace, en concreto, un OGC para una empresa chilena
La descripción genérica sirve poco. Estos son los frentes que típicamente cubre un OGC para una empresa mediana chilena:
Contratos comerciales. Revisión y redacción de contratos de servicios, distribución, licenciamiento, NDA, T&C, prestación de servicios profesionales, joint ventures. No solo el documento: la negociación, las cartas de oferta, el seguimiento de cumplimiento. Aquí el OGC funciona como filtro y como redactor.
Laboral. Asesoría preventiva sobre contratos de trabajo, anexos, despidos, finiquitos, calificación de causales, cumplimiento de la Ley Karin (Ley N° 21.643, vigente desde el 1 de agosto de 2024), políticas internas, RIOHS, subcontratación (Ley N° 20.123), tutela de derechos fundamentales. En Chile, el área laboral concentra una parte enorme del riesgo de cualquier empresa con más de 10 trabajadores, y el OGC normalmente acompaña esto en tiempo real, no después del reclamo en la Inspección del Trabajo.
Corporativo y societario. Mantenimiento de la sociedad (actas de junta de accionistas, actas de directorio, modificaciones, poderes notariales, registro de accionistas), gobierno corporativo, pactos de accionistas, due diligence para rondas de inversión o ventas.
Compliance. Diseño e implementación de modelos de prevención de delitos bajo la Ley N° 20.393, ajustados al nuevo catálogo ampliado de delitos económicos de la Ley N° 21.595 (vigente desde el 1 de septiembre de 2024). Canal de denuncias, encargado de prevención, evidencia, gobernanza, due diligence de contrapartes.
Consumidor. Revisión publicitaria bajo la Ley N° 19.496 (precio "desde", CAE/CTC, condiciones, bonos por financiamiento, letra chica, deber de información), cláusulas abusivas, gestión de mediaciones SERNAC, respuestas a procedimientos sancionatorios.
Datos personales. Adecuación a la Ley N° 19.628 y a la nueva Ley N° 21.719 (que comienza su aplicación gradual a partir de fines de 2026), políticas de privacidad, contratos de tratamiento de datos, transferencias internacionales, gestión de incidentes.
Comunicación con directorio y socios. Minutas de riesgo, informes de cumplimiento, presentaciones a accionistas. Esto es algo que un estudio tradicional rara vez hace bien, porque no conoce a los destinatarios. Un OGC sí.
Cuándo es el momento de activar un OGC
No todas las empresas necesitan uno. Estos son los gatillos que solemos ver en el mercado chileno cuando una empresa pasa de "estudio ad-hoc" a "OGC":
La empresa cruzó las 20-30 personas y RRHH empieza a generar consultas semanales. Hay más de 5 contratos comerciales nuevos al mes. La empresa abrió una segunda línea de negocio o entró a un canal regulado (salud, financiero, alimentos, telecom). Está preparando una ronda de inversión o una venta. Acaba de tener un evento adverso (multa SERNAC, demanda laboral, fiscalización, incidente de datos) y se dio cuenta de que necesita un sistema, no un bombero. El estudio externo factura más de $3.000.000 al mes en horas dispersas, sin que nadie esté llevando una visión integral.
Si tu empresa marca dos o más de esos puntos, probablemente ya pasó el momento de tomar la decisión.
Lo que cambia cuando funciona
El cambio más notorio no es el costo. Es la velocidad y la confianza con que se toman decisiones. Cuando un gerente comercial sabe que puede llamar al abogado del estudio antes de mandar una oferta, lo hace. Cuando el área de marketing sabe que la pieza pasa por una revisión previa de cumplimiento bajo la Ley N° 19.496, evita publicarla y después tener que bajarla. Cuando un director sabe que hay un modelo de prevención al día, firma el acta del directorio con tranquilidad.
Y, con el tiempo, el OGC deja de ser "el abogado" y pasa a ser parte del equipo. Se le invita a las conversaciones estratégicas. Se le pregunta no si algo está permitido, sino si conviene. Eso es lo que un estudio externo tradicional no puede entregar, por buenas razones estructurales: no vive el negocio.
Recomendaciones concretas
Si estás evaluando este modelo para tu empresa, conviene partir por las preguntas que te dicen si lo necesitas hoy:
¿Quién revisa los contratos antes de que se firmen? Si la respuesta es "el área comercial", hay un problema. ¿Tienes claridad sobre tu exposición laboral consolidada? Si nunca te han hecho una auditoría legal, probablemente no. ¿Tu empresa tiene modelo de prevención de delitos certificado o, al menos, implementado? Si no, y la Ley N° 21.595 ya amplió el catálogo de delitos económicos, esto se transformó en una vulnerabilidad concreta. ¿Cuánto tarda tu estudio externo en responder una consulta urgente? Si la respuesta es "depende", no es asesoría continua, es asesoría reactiva.
Si después de responder esas preguntas la conclusión es que necesitas asesoría continua y embebida, el siguiente paso es definir el alcance: qué áreas cubrir, qué nivel de involucramiento, qué entregables esperar, cómo medir el éxito del retainer. Eso debería ser parte de la conversación inicial con cualquier estudio que ofrezca el modelo OGC.
Este contenido es informativo y no constituye asesoría legal.
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