El valor estratégico del gobierno corporativo

Dos empresas del mismo rubro y de ventas parecidas salen a buscar capital el mismo año. La primera entrega actas al día, estatutos coherentes con la práctica, una matriz de poderes clara y sus operaciones con socios documentadas a valores de mercado. La segunda entrega una carpeta incompleta y tres meses de idas y vueltas respondiendo preguntas. La primera cierra antes y a mejor precio. Esa diferencia no es suerte ni relato. Es gobierno corporativo convertido en valor.

El gobierno corporativo suele presentarse como un asunto de cumplimiento. Comités, formularios, actas que nadie lee. Mirado desde el escritorio del que lo padece, es un costo. Mirado desde el escritorio del inversionista, del banco o del fiscal, es otra cosa. Es la evidencia verificable de que la empresa decide con método y de que su valor no depende de la memoria ni de la honestidad de una sola persona.

Este análisis toma posición. Para una empresa chilena mediana con ambición de crecer, el gobierno corporativo puede generar beneficios observables en preparación para financiamientos, transacciones y procesos de control, aunque su impacto económico dependerá de cada empresa y operación. Se paga en costo de financiamiento, en velocidad de cierre de transacciones y en exposición penal evitada.

1. El desorden se descuenta del precio

Todo el que pone plata en una empresa ajena cobra por el riesgo que no puede verificar. Un banco que no logra entender quién decide y con qué límites presta más caro. Un fondo que encuentra operaciones con socios sin documentar asume contingencias tributarias y societarias, y las traduce en descuentos de valorización, retenciones de precio o garantías personales de los fundadores. La auditoría legal previa a cualquier inversión existe precisamente para poner precio a ese desorden.

El mecanismo también corre a favor. Una empresa que puede exhibir años de decisiones documentadas reduce la incertidumbre del que llega, y la incertidumbre es el componente más caro de cualquier tasa de descuento.

2. En M&A el orden es velocidad, y la velocidad es precio

Las transacciones mueren de agotamiento con más frecuencia de lo que se cree. Cada semana extra de due diligence es una ventana para que cambien las condiciones de mercado, el comprador encuentre otra oportunidad o el financiamiento se encarezca. Una empresa con libros societarios completos, cap table limpia y contratos ubicables acorta ese proceso a una fracción.

Hay un segundo efecto menos visible. Los hallazgos de una revisión legal se negocian. Cada contingencia detectada se convierte en una cláusula de indemnidad, un ajuste de precio o una condición de cierre. La empresa ordenada llega a esa negociación sin flancos abiertos. La desordenada financia con su precio los riesgos que ella misma creó.

3. El frente penal cambió las reglas del juego

Desde 2009, la Ley N° 20.393 regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Tras las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.595, el régimen comprende un catálogo considerablemente más amplio y atribuye responsabilidad por determinados delitos cometidos en el marco de la actividad de la persona jurídica, cuando concurren los presupuestos del artículo 3 vigente.

La propia Ley 20.393 contempla la defensa estructural. Un modelo de prevención efectivamente implementado y adecuado conforme al artículo 4 puede eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica. Las circunstancias atenuantes deben analizarse separadamente según las disposiciones legales aplicables. Y aquí está la conexión que muchos pasan por alto. Un modelo de prevención no vive en una carpeta; vive en un gobierno corporativo que funciona. Requiere una administración que identifique riesgos, asigne recursos, reciba reportes y deje constancia de sus decisiones. Sin actas ni estructura de decisión real, el modelo es papel, y el papel no exime a nadie.

Para el gerente general y los socios esto dejó de ser abstracto. El riesgo penal corporativo hoy alcanza a empresas medianas en materias tan cotidianas como la relación con proveedores, el medio ambiente o la información financiera.

4. La vara del mercado ya está escrita

La Norma de Carácter General N° 461, de 2021, incorporó materias de sostenibilidad y gobierno corporativo a la memoria anual de los emisores de valores de oferta pública y demás entidades comprendidas en su ámbito de aplicación. La Ley 18.046, por su parte, exige a las sociedades anónimas abiertas de cierto tamaño directores independientes y un comité de directores (art. 50 bis), y hace a los directores solidariamente responsables de los perjuicios causados por sus actuaciones dolosas o culpables (art. 41).

Una PyME o una SpA cerrada no está obligada por la NCG 461 ni por el art. 50 bis. El punto es otro. Los fondos, bancos y compradores que algún día la evaluarán se formaron midiendo con esos estándares, y no van a inventar una vara más baja por tratarse de una empresa chica. Adoptar versiones proporcionales de esas prácticas, un directorio o consejo asesor que sesiona de verdad, información financiera confiable, reglas para las operaciones con relacionados, es anticiparse a la pregunta que igual va a llegar.

5. Cinco preguntas para medir tu gobierno corporativo hoy

1. ¿Puedes decir, sin revisar nada, quién puede firmar qué en tu empresa y con qué límites?
2. ¿Las decisiones relevantes de los últimos dos años constan en actas firmadas?
3. ¿Las operaciones entre la empresa y sus socios están documentadas y pactadas a valores de mercado?
4. ¿Existe un modelo de prevención de delitos implementado, con responsable y capacitación, o solo un documento?
5. Si mañana llega una oferta de compra seria, ¿cuánto tardarías en armar un data room completo?

Dos o más respuestas negativas significan que tu empresa vale hoy menos de lo que podría, y que parte de esa pérdida es evitable con trabajo jurídico ordinario, no con proyectos heroicos.

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Este contenido es informativo y no constituye asesoría legal para un caso específico.