La Corte Suprema, en sentencia de 6 de julio de 2026 (Rol N° 31.293-2026, Tercera Sala), confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago de 4 de mayo de 2026 (Rol Contencioso Administrativo N° 61-2026), que rechazó el reclamo de ilegalidad de un sostenedor educacional contra una sanción de la Superintendencia de Educación. El fallo aplica el régimen especial de notificaciones de la Ley N° 20.529 y ofrece una advertencia útil para otros sectores fiscalizados. Bajo ese régimen, si la Superintendencia despacha el acto a la casilla registrada y existe certeza del envío, del contenido comunicado y de la oportunidad de su recepción, el emplazamiento es válido; la ausencia de descargos no invalida por sí sola la notificación.
Qué ocurrió
La Superintendencia de Educación revisó un expediente de cancelación de matrícula, levantó el Acta de Fiscalización N° 241300536 el 5 de febrero de 2024 y al día siguiente ordenó instruir procedimiento sancionatorio contra la Corporación Educacional El Trigal. El 13 de marzo de 2024 formuló un cargo único por incumplimiento del artículo 6 letra d) del DFL N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación, la norma que exige un procedimiento racional y justo antes de expulsar a un alumno o cancelarle la matrícula. El sostenedor no presentó descargos.
El 9 de julio de 2024 se certificó ese silencio y el 19 de julio la Dirección Regional Metropolitana aprobó el proceso y aplicó la sanción del artículo 73 de la Ley N° 20.529, privación temporal y parcial de la subvención general por un 3% durante dos meses. La reclamación administrativa fue rechazada el 15 de diciembre de 2025. Recién en sede judicial el sostenedor alegó que la formulación de cargos nunca le fue notificada válidamente y que eso lo dejó sin defensa.
Sumó prescripción, falta de motivación y error de tipificación. La Corte de Apelaciones revisó el expediente administrativo y encontró lo contrario. La casilla que usó la Superintendencia era la que el propio sostenedor había registrado ante el organismo, según la Resolución Exenta N° 0355 de 11 de agosto de 2023, que actualizó el registro de correos de sostenedores.
Todos los actos del procedimiento se despacharon ahí. Y el sostenedor usó esa misma casilla para presentar su reclamación administrativa del artículo 84 de la Ley N° 20.529. La Corte rechazó el reclamo en todos sus capítulos.
Qué puede significar para tu empresa
Los artículos 63 y 68 de la Ley N° 20.529 permiten al fiscalizado registrar una dirección de correo electrónico para efectos de notificación, y entienden practicada la notificación al día hábil siguiente al despacho. Ese fue el mecanismo que la Corte validó. En el caso, la resolución que ordenó instruir se envió el 7 de febrero de 2024 y quedó notificada el 8 de febrero, con la consecuencia de que el plazo de prescripción de seis meses del artículo 86 se suspendió tras 5 meses y 22 días.
La notificación se practicó antes de que venciera el plazo de seis meses, por lo que la potestad sancionadora seguía vigente. El estándar que fija el fallo es de tres elementos. Certeza del envío, certeza del contenido comunicado y certeza de la oportunidad de la recepción.
Acreditados los tres, no hay infracción a los artículos 45 y 46 de la Ley N° 19.880 y el emplazamiento es válido para ejercer defensa. Acá está el contraste que conviene retener; en este caso, no se acreditó un defecto de notificación que invalidara el procedimiento. La inactividad no se puede vestir de indefensión.
El fallo es explícito en que la ausencia de descargos obedeció a una decisión o inactividad imputable al propio sostenedor. Y la carga es tuya, porque el acto administrativo goza de presunción de legalidad conforme al artículo 3 de la Ley N° 19.880, y destruirla te corresponde a ti. Traducido a operación, el riesgo no está en el criterio judicial; está en la casilla.
En este caso la dirección registrada era una cuenta personal de correo gratuito, del tipo que sobrevive a la salida del ejecutivo que la creó y termina sin dueño. Rotación de personal, cambio de contador externo, un buzón que nadie revisa. Cualquiera de esas tres cosas puede permitir que un procedimiento sancionatorio avance sin que tu empresa lo advierta oportunamente.
Hay dos matices que evitan leer el fallo como regla universal. El primero, que la Corte aplicó un régimen especial de notificación, el de la Ley N° 20.529, no una regla general del derecho administrativo chileno. Antes de proyectar el criterio a tu industria hay que revisar cómo notifica el organismo que te fiscaliza.
Desde el 1 de julio de 2026, el artículo 46 de la Ley N° 19.880 contempla un domicilio digital único y reglas distintas para la notificación electrónica, que no se aplican a procedimientos iniciados antes de esa fecha. El segundo, que el fallo también se apoyó en la conducta del sostenedor, que usó esa casilla para comunicarse con la autoridad. Ese refuerzo probatorio no siempre va a estar disponible para el regulador.
Qué puedes hacer
- Si tu empresa opera en un sector fiscalizado, Levantar el inventario de casillas registradas ante cada organismo que te fiscaliza. No es un ejercicio de TI. Es revisar, regulador por regulador, qué dirección quedó inscrita en el registro respectivo, quién la controla hoy y desde cuándo nadie la audita.
- Migrar toda dirección personal o de dominio gratuito a una casilla institucional con responsable nominado, reenvío a más de una persona y continuidad asegurada frente a la rotación. Después, actualizar formalmente el registro ante cada organismo y guardar el comprobante de esa actualización. Cuando el régimen aplicable use un registro, la casilla vigente para el regulador será la que conste en él, no la que tu empresa considere correcta.
- Fijar un protocolo de triage con plazo de respuesta. Todo correo entrante de un regulador se clasifica el mismo día hábil y se deriva a un responsable identificado. Bajo el régimen de la Ley N° 20.529, la notificación se entiende practicada al día hábil siguiente del despacho, no cuando alguien la lee.
Si necesitas auditar las casillas que tu empresa tiene registradas ante sus reguladores o revisar un procedimiento sancionatorio que avanzó sin descargos, agenda una reunión de diagnóstico con nuestro equipo.
Este contenido es informativo y no constituye asesoría legal.
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