Asuntos Públicos
Las decisiones políticas y regulatorias impactan tu negocio. Monitoreamos cambios normativos, gestionamos relaciones con autoridades y diseñamos estrategias para proteger tus intereses.
Cómo abordamos el área de Asuntos Públicos
- →Inteligencia política: anticipamos cambios que te afectan
- →Lobby: representamos tus intereses ante autoridades
- →Gestión de crisis: respondemos rápido ante controversias públicas
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Servicios clave de nuestra asesoría en asuntos públicos
Relación con autoridades regulatorias y legislativas
La gestión estratégica de la relación con autoridades regulatorias y el Poder Legislativo es un activo competitivo para empresas reguladas. Asesoramos en el diseño de planes de relacionamiento con ministerios, superintendencias y servicios fiscalizadores: identificación de interlocutores relevantes, calendarios de seguimiento, agendas temáticas, contenidos técnicos para reuniones y minutas de seguimiento.
Para el Poder Legislativo apoyamos el seguimiento de proyectos de ley con impacto sectorial, la elaboración de minutas técnicas para parlamentarios y comisiones, presentaciones técnicas en comisiones, audiencias y citaciones a comisiones investigadoras. Toda la actividad se documenta en el registro de la Ley del Lobby cuando corresponda y se ajusta a las normas de transparencia. Una relación bien gestionada permite anticipar normativa, prevenir interpretaciones desfavorables y posicionar al cliente como un interlocutor técnico y confiable.
Lobby y Ley 20.730: registro y compliance
La Ley 20.730 regula la gestión de intereses particulares ante autoridades. Toda empresa o persona que realice gestiones para influir en decisiones, normativa o licitaciones debe registrarse como gestor de intereses y cumplir con declaraciones de audiencias, viajes y donativos. Asesoramos en el registro inicial del gestor, identificación del universo de autoridades sujetas a la ley, capacitación interna sobre la mecánica de la ley, sistemas internos de registro y reporte, redacción y firma de declaraciones, y respuesta a fiscalizaciones de la Contraloría General de la República.
Implementamos también políticas internas de relacionamiento institucional que reducen riesgos: matriz de quién puede contactar a qué autoridad, agenda preautorizada, registro de minutas y compromisos. El incumplimiento de la Ley del Lobby tiene riesgos reputacionales y, en su forma calificada, penales.
Procesos administrativos ante organismos públicos
Los procesos administrativos —concesiones, autorizaciones, licitaciones, expropiaciones, planes regulatorios, evaluaciones ambientales— requieren conocimiento sectorial, manejo procesal y representación técnica. Asesoramos en postulación a licitaciones públicas con preparación de bases técnicas y económicas, presentación de ofertas, recursos durante el proceso (impugnaciones, reclamaciones), defensa frente a adjudicaciones cuestionadas.
Cubrimos también tramitación de concesiones sectoriales (telecomunicaciones, energía, transporte); procesos de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o Declaración (DIA) ante el SEA; modificaciones de planes reguladores comunales o intercomunales; y participación en consultas ciudadanas. Cada proceso tiene plazos procesales que, una vez vencidos, no admiten recuperación. La planificación temprana y la participación técnica disciplinada son la base de un resultado favorable.
Estrategia regulatoria y participación en consultas
Cuando el regulador inicia un proceso normativo (reglamento, instructivo, norma técnica), las empresas afectadas tienen ventana para participar y orientar el resultado. Asesoramos en consultas públicas de la CMF, SERNAC, SBIF, SEC, SUBTEL, Ministerio de Energía, Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda y otros reguladores.
El proceso incluye: análisis técnico del proyecto regulatorio y su impacto en el cliente, identificación de aspectos críticos donde abogar, redacción de la presentación con argumentación técnica y jurídica robusta, coordinación con asociaciones gremiales para alineamiento, y seguimiento posterior. Para procesos legislativos relevantes apoyamos también con minutas técnicas para parlamentarios, presentaciones en comisiones y comunicaciones a la opinión pública especializada. Participar bien y temprano es notablemente más eficaz que litigar contra una norma ya dictada.
Crisis regulatoria y respuesta institucional
Una crisis regulatoria —investigación pública, formulación de cargos, fiscalización masiva, hecho mediático con autoridad involucrada— combina exposición técnica, comunicacional y reputacional. Coordinamos respuesta integrada: gestión técnica del proceso administrativo (descargos, prueba, audiencias), comunicación con autoridad para evitar escalamiento innecesario, manejo de comunicaciones externas con foco en stakeholders críticos (clientes, proveedores, accionistas, prensa especializada) y monitoreo de impacto en otras autoridades que pueden replicar la fiscalización.
Para empresas reguladas, la crisis puede gatillar revisión simultánea de varios reguladores: anticipar el efecto cascada es parte de la estrategia. Cuando hay exposición penal coordinamos con defensa penal especializada. El objetivo es resolver el caso técnico rápido, minimizar el daño reputacional y preservar las relaciones institucionales para el largo plazo.
Preguntas frecuentes sobre lobby, regulación y autoridades
¿Qué es la Ley del Lobby y a quién aplica?
La Ley 20.730 sobre lobby y gestión de intereses regula la actividad de quienes buscan influir en decisiones de autoridades públicas. Aplica a personas naturales o jurídicas que realicen gestiones (reuniones, viajes, donativos) ante sujetos pasivos definidos por la ley: ministros, subsecretarios, jefes de servicio, embajadores, parlamentarios, alcaldes, concejales, consejeros regionales, asesores directos y otros funcionarios calificados. Quienes gestionan intereses propios o de terceros deben registrarse como gestores y las autoridades deben informar las audiencias en sus respectivos registros. La ley establece reglas de transparencia, plazos de información, contenido obligatorio y régimen sancionatorio fiscalizado por la Contraloría General de la República. Su incumplimiento es causal de responsabilidad administrativa para el funcionario y de reproche público para el gestor.
¿Quién debe inscribirse como gestor de intereses?
Debe inscribirse como gestor de intereses toda persona natural o jurídica que realice gestiones reguladas por la Ley 20.730 ante sujetos pasivos. Esto incluye empresas que gestionan sus propios asuntos (lobby in-house), estudios profesionales que representan a terceros, consultoras de asuntos públicos, ONGs y asociaciones gremiales. La inscripción se realiza ante el respectivo organismo (Cámara, Senado, Contraloría) y se actualiza periódicamente. Cada audiencia, viaje aceptado o donativo entregado debe declararse en plazo. No están obligadas a inscribirse las personas que actúan en procedimientos administrativos reglados (que ya tienen su propia regulación) o que ejercen el derecho a petición sin gestiones de influencia. La duda sobre si una actividad califica como lobby debe resolverse a favor del registro.
¿Cómo participar en una consulta pública regulatoria?
Las consultas públicas son el canal formal para influir en normas en formación. La participación efectiva requiere: identificar tempranamente que se ha abierto una consulta (las superintendencias publican en sus sitios oficiales), analizar técnicamente el proyecto regulatorio y su impacto en el negocio, definir los puntos críticos donde abogar (no todos los aspectos son negociables), preparar una presentación escrita con argumentación técnica y jurídica robusta y propuestas concretas de redacción alternativa, coordinar con asociaciones gremiales para reforzar mensaje, y presentar dentro del plazo. Algunas consultas admiten audiencias presenciales: prepararse para defender la posición ante el equipo técnico del regulador. El seguimiento posterior (¿fueron acogidas las observaciones?) cierra el ciclo y prepara la siguiente interacción.
¿Qué hacer ante una orden de fiscalización?
Frente a una orden de fiscalización es crítico responder con orden y dentro del plazo. Pasos: recepción y análisis del requerimiento (¿qué pide, en qué plazo, fundamento legal?), levantamiento interno de información preservando privilegio legal cuando aplique, preparación de respuesta técnica completa con documentos de respaldo organizados, eventual visita inspectiva acompañada por asesor legal, y seguimiento posterior. La respuesta debe ser completa, técnica, no concesiva en lo que no se debe y precisa en lo que se reconoce. Una respuesta defectuosa incrementa el riesgo de formulación de cargos. Para fiscalizaciones simultáneas de varios reguladores coordinamos respuesta unificada. La primera respuesta marca la pauta del proceso: invertir bien al inicio ahorra mucho después.
¿Cómo gestionar una crisis regulatoria?
Una crisis regulatoria requiere respuesta integrada en tres frentes simultáneos. Frente técnico: defensa procesal sólida (descargos, prueba, audiencias) con foco en el caso específico. Frente comunicacional: mensaje consistente para stakeholders críticos (clientes, accionistas, autoridades, prensa especializada), sin sobreexponer ni minimizar excesivamente. Frente institucional: gestión de la relación con la autoridad para evitar escalamiento innecesario y prevenir efecto cascada con otros reguladores que pueden replicar la fiscalización. Cuando hay exposición penal o civil paralela coordinamos con defensa especializada. La gestión debe ser rápida pero ordenada: las primeras 48 a 72 horas suelen definir la trayectoria del caso. La planificación previa mediante protocolos de crisis reduce sustantivamente la improvisación en el momento crítico.
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